Comparto Libro de Daniel Arroyo LAS CUATRO ARGENTINAS ; Ideas y caminos para lograr una sociedad integrada , un libro que explica la realidad social Argentina , la estructura de los partidos políticos y los desafíos de las políticas sociales .
Sobre el autor
Daniel Arroyo es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos
Aires. Posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas (FLACSO). Fue Secretario
de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación y Ministro de
Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires. Especialista en Desarrollo Local,
Economía Social, Desarrollo Humano y Planificación Social. Profesor en
Maestrías sobre planificación y políticas sociales en FLACSO, Universidad
Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Autónoma de
Entre Ríos. Docente en la
Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y otras universidades del
país. Consultor para organismos internacionales: Banco Mundial, BID, UNICEF,
CEPAL, PNUD y otros. Investigador principal de diferentes instituciones
académicas argentinas. Profesor invitado en la Universidad de
Salamanca (España) y de la
Universidad de Bologna (Italia). Expositor en diversos
Congresos nacionales e internacionales. Autor
del libro Políticas sociales, ideas para un debate necesario, entre otras
publicaciones.
Contratapa
“Las cuatro Argentinas” parte de la idea de que nos encontramos
frente a una nueva estructura social, a otras formas de organización y
movilización y, principalmente, que nuestro país no tiene una sociedad sino, al menos, cuatro realidades diferentes.
El lector podrá ver como los diferentes sectores sociales
(pobreza estructural, sectores vulnerables, clase media y clase alta) tienen
dinámicas, modos de vida, relacionamientos con el Estado e intereses diferentes
y, en algunos casos, contrapuestos.
Esa idea central recorre todo el libro, tanto cuando se analizan
las características de las diferentes realidades sociales, como cuando se
avanza en la descripción del sistema político, las formas de organización
social, las políticas de inclusión económica y los sistemas de protección
social
“Las cuatro Argentinas” no se queda en la descripción, no sólo tiene
el objetivo de caracterizar cómo se vive en Argentina. Va un paso más: plantea ideas y caminos para
lograr terminar esta década con una sociedad integrada.
AGRADECIMIENTOS
A
Alejandra, que ha tomado la difícil tarea de acompañar a un hombre que trata de
ser coherente, a pesar de todo.
A
Lucía, que ya va por el camino que quiere transitar. A Martín, que tiene un gran futuro por
delante. Soy un padre muy orgulloso de
sus hijos.
A
los que siempre están presentes, en especial a mi madre Cristina y a mi hermana
Silvina.
A
quienes creen en mí.
A
los muchísimos argentinos que están dispuestos a hacer algo para que nuestra sociedad
sea mejor.
INDICE
Prólogo
Capítulo 1
Un recorrido por la estructura social en Argentina
- La movilidad
social de ayer
- Las cuatro
realidades de hoy
- Nota de opinión en los medios: Ahora
es el momento de reducir la desigualdad.
Capítulo 2
El Sistema de partidos en Argentina
- Las nuevas estructuras de
la política nacional
- ¿Caminamos hacia un nuevo
sistema de partidos?
Capítulo 3
- La sociedad civil, las
organizaciones sociales y su relación con el Estado
- Los nuevos desafíos de la Responsabilidad
Social Empresaria en Argentina
-
Notas de opinión en medios: Segunda
generación de políticas sociales
Capítulo 4
Inclusión y desarrollo económico en la Argentina actual
-
Capitalizar
a los sectores pobres
- El rol del microcrédito
- Microcrédito y políticas
sociales
- La experiencia del “Plan
Manos a la Obra ”
- El rol del Estado en el
desarrollo de la economía social
-
Notas de opinión en medios: Lo primero es
la inclusión social; Créditos y políticas de inclusión.
Capítulo 5
Políticas
públicas en Argentina
- Las etapas de las políticas
públicas en Argentina
- Cinco ejes de las políticas
sociales hoy: nutrición, empleo, sistema de seguridad social, violencia
doméstica y jóvenes.
-
Notas de opinión en medios: La agenda de
los desafíos sociales; Ejes de la política social de cara al fututo; Hagamos
bien lo que tenemos que hacer
Capítulo 6
Los
sistemas de protección social en América Latina
- El crecimiento económico de
la última década en América Latina
- Los sistemas de protección
social
- Los principales desafíos
-
Notas de opinión en medios: Se necesitan
reformas sociales.
Conclusiones
Ideas y caminos para llegar a una sociedad integrada en
el 2020
Anexo
Entrevistas
en medios nacionales
Bibliografía
PROLOGO
Nuestro país ha tenido una década de crecimiento
económico con tasas cercanas al 8% anual.
Esta situación casi no tiene registro en la historia argentina y nos da
la posibilidad de ver a este tiempo como una década ganada, una década en donde
el crecimiento económico generó mejoras en las condiciones de vida de los
argentinos.
Si durante toda la década del ´80 la Argentina no logró
generar crecimiento económico y, si la crisis del 2001 nos encontró con 57% de
pobreza, 28% de desocupación y 60% de informalidad laboral, es posible decir
que los últimos años iniciaron un proceso de mejoras en términos de inclusión
social.
Sin
embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma
manera. Esta mirada general sobre las
mejoras sociales debe complementarse con un análisis más fino acerca de qué ha
pasado en los últimos años, cómo cambió la sociedad, qué nuevos conflictos y
tensiones se presentan y, principalmente, analizar cuánto repercutió este
cambio en los diferentes sectores o clases sociales.
En ese punto es dónde va el objetivo principal de este
libro, en no quedarse en el análisis general, sino ahondar en cómo estos
procesos fueron modificando la situación social y dieron lugar al surgimiento
de nuevas clases sociales con características distintas a las de hace una
década.
Los diversos capítulos que aquí se presentan surgen de diferentes
artículos académicos publicados, conferencias que he desarrollado en los
últimos dos años y notas de opinión en medios periodísticos que dan cuenta del
debate sobre cómo mejorar la situación social.
Este libro busca darle continuidad a una obra editada por
La Crujía en el año 2009 denominada “Políticas sociales. Ideas para un debate
necesario” en la que se ponía como eje central el debate acerca de qué
políticas de reducción de pobreza tenía que encarar nuestro país.
“Las cuatro Argentinas” parte de la idea de que estamos
frente a una nueva estructura social, a otras formas de movilización y
organización y, principalmente que nuestro país no tiene una sociedad sino, al
menos, cuatro realidades diferentes.
Los modos de vida de los sectores de pobreza estructural,
sus redes de relación, sus demandas y sus formas de organización y vínculo con
el Estado tienen poco que ver con la dinámica cotidiana que tiene la clase
media en Argentina, cuya característica principal es que tener trabajo formal,
estar representada en la discusión salarial, contar con obra social y tener, en
este contexto, un horizonte de futuro que le permite planificar y proyectar sus
consumos.
Diferente a ambas realidades es la que viven los cuentapropistas
o aquellos que tienen trabajo informal.
Han logrado mejorar su situación en los últimos años pero lo que
predomina en sus vidas cotidianas es la precariedad, las dificultades para
poder planificar a futuro. Se trata de
un sector claramente vulnerable, que indudablemente está mejor que hace una
década, pero que no logra dar el salto a la formalización laboral.
Se podría decir que, frente al mundo del trabajo, nuestro
país es una sociedad de diferentes
velocidades, con unos que trabajan con determinadas condiciones (recibo
de sueldo, obra social, jubilación, representación sindical, etc.) y otros que
se generan sus ingresos sin tener esas condiciones o que directamente se
encuentran en situación de extrema necesidad.
También se diferencia de las otras tres, la realidad de
la clase alta en nuestro país. No sólo
porque tiene mayores niveles de consumo y de ingreso, sino también porque ha
desarrollado una gran capacidad para concentrar capital y diversificar sus
fuentes de acumulación económica.
El lector podrá ver en “Las cuatro Argentinas” cómo
nuestro país no es uno sólo, cómo los diferentes sectores sociales (pobreza
estructural, sectores vulnerables, clase media y clase alta) tienen dinámicas,
modos de vida, relacionamientos con el Estado e intereses diferentes y, en
algunos casos, contrapuestos.
Esa idea central recorre todo el libro, tanto cuando se
plantea en el capítulo inicial la caracterización de estas cuatro realidades
sociales, como cuando se avanza en la descripción del sistema de partidos en
Argentina, las formas de organización social, las políticas de inclusión
económica y los sistemas de protección social en América Latina.
Pero este libro no intenta quedarse sólo en la
descripción, no tiene el objetivo de caracterizar cómo se vive en Argentina,
intenta dar un paso más. Aquí se
plantean, con la intención de abrir el debate, ideas y caminos con el objetivo
de lograr terminar esta década con una sociedad sin pobreza ni exclusión.
La década que viene debería ser la que nos permita
generar condiciones sociales y productivas para lograr una sociedad integrada.
Este libro tiene esa finalidad: ayudar a generar
condiciones para que, en este contexto económico favorable, logremos dar vuelta
definitivamente la situación social.
Para que no tengamos “cuatro Argentinas” sino una.
Para que generemos las condiciones para dar oportunidades
a nuestros hijos y consolidemos un proceso de movilidad social ascendente que
nos permita a todos poder construir nuestro propio futuro.
Daniel
Arroyo
Capítulo 1
Un recorrido por la
estructura social en Argentina
1.1 La movilidad social de ayer
1.2. Las cuatro realidades de hoy
1.1.
La movilidad social
de ayer
La estructura social de un país da cuenta de los sectores
o clases que la componen. Es decir que indica cómo se conforma el
funcionamiento socioeconómico.
Argentina, desde las décadas del 30/40 hasta el golpe
militar de 1976, fue considerado el país más europeo de toda América Latina
debido a su clásica estructura social tripartita:
1.
El sector de los trabajadores, el
segmento más bajo en la pirámide social.
2.
La clase media o trabajadores de
cuello blanco.
3.
La clase alta.
Dentro de esta estructura social, el país vivía un fuerte proceso de movilidad social ascendente
que, para la clase trabajadora, dependía de cinco elementos clave:
1. La tendencia al
pleno empleo. Si bien Argentina no llegó a tener pleno empleo, el nivel de
desempleo apenas alcanzó un 3%. Fue así como se forjó el concepto cristalizado
en la famosa frase utilizada en nuestro país durante mucho tiempo: “El que no
trabaja es porque no quiere”. En este sentido, cobró fuerza la idea de que el
empleo era constitutivo para la población.
2. La existencia
del camino educativo. Ante el deseo
de ascenso social, existía la
posibilidad real de que tal proceso sucediera a través de la educación: “Si mi
hijo accede a un mayor nivel educativo que yo, seguramente tendrá más chances
de ser alguien”. Ese camino era la manifestación de una movilidad ascendente y
la manera de provocar un cambio real en la vida de las personas.
3. La presencia de
un Estado interventor, regulador y empleador. Existía una fuerte incidencia del
Estado en la creación de empleo a través de la articulación de políticas
promotoras del mismo.
4. La consolidación
de un proceso industrial significativo. Gran parte del empleo estaba
concentrado en los grandes centros urbanos y en cadenas de montaje que
requerían muchas personas para la fabricación industrial (por ejemplo, para
hacer un auto se necesitaban muchos trabajadores). En esa época, previa a la
globalización, la tecnología aún no había impactado de manera decisiva y esto
permitía que el aumento de la productividad fuera en base a la mano de obra
calificada que hoy se reemplaza, en parte, por la robotización del proceso
productivo.
5. La continuidad y
estabilidad laboral. Un aspecto determinante en el proceso de movilidad
social es que no sólo existía una carrera en términos educativos, sino también
laborales. Si se ingresaba a trabajar en el ferrocarril en la categoría D, en
cinco años se pasaba a la categoría C, y aproximadamente en otros cinco años se
ascendía a la categoría B. Incluso, un trabajador especializado podía llegar a
ser jefe. Todo este proceso, claramente, formaba parte de la movilidad social.
En aquel momento, la clase
media argentina tenía algunas características específicas. Una de ellas,
era el trabajo formal asegurado,
principalmente no industrial. Fue una etapa en donde los obreros y los
trabajadores de clase media no se concebían como “trabajadores”. Precisamente,
sobre esta cuestión podemos señalar un punto muy interesante que sucedió en la
conformación de SUTEBA[1]. Durante
el proceso de su creación se discutió mucho sobre el nombre del sindicato y
finalmente, decidieron llamarse “Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos
Aires”, sin incluir la palabra docente.
Es que, puntualmente salvo excepciones como la destacada
arriba, los “trabajadores” eran los que
pertenecían al ámbito industrial, mientras que la clase media tenía otras
actividades laborales vinculadas a los servicios, al denominado “trabajo de
cuello blanco”. En este sentido, existía un sector medio muy extendido, en
conflicto con los trabajadores, fundamentalmente en términos políticos:
masivamente votaban distinto. Cabe destacar que esto sucedía en un contexto
social de bajo nivel de tensión y conflictividad entre las clases. Es decir, se
trató de un período signado por la violencia política, pero no por la contienda
social. No había un conflicto de clase sino una puja ideológica entre derecha e
izquierda, en términos de un modelo más o menos occidental.
La clase alta
tenía una característica muy particular que ha cambiado mucho en la actualidad:
estaba muy fragmentada, no era homogénea y se encontraba segmentada por el tipo
de actividad productiva a la que se dedicaba.
Se distinguían tres sectores:
1-
Vinculado al proceso de la actividad primaria agrícola ganadera, cuyo objetivo
claramente tenía que ver con la exportación.
2-
Dedicado a la actividad financiera.
3-
Concentrado en el trabajo industrial.
Claro que cada uno de esos sectores tenía intereses
diferentes y confrontaban entre sí. No había diversificación y, si bien
comenzaban a aparecer algunos grupos económicos, aún no existían como concepto,
como unidad de análisis dentro del mapa económico y social.
En este modelo de estructura social había una diferencia
de 7 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Podemos hablar también de la
existencia de una sociedad integrada que generó un modelo que se basaba en tres
creencias:
Una,
como se mencionó anteriormente, vinculada al “camino de la educación” como garantía de progreso laboral y social,
con la fuerte idea que dentro de la estructura había un lugar para todos.
La segunda creencia estaba asociada a la movilización y a
la acción colectiva, fundamentada en
“el todo es más que las partes” o “la unión hace la fuerza”. Sólo actuando en
grupo, y no individualmente, se podían conseguir ciertos objetivos.
El tercer y último elemento tenía que ver con el
predominio de la ideología. La
creencia de que la política definía modos de vida y que la pertenencia de una
persona a un partido predeterminaba sus valores, principios, amigos e
identidad.
Además, en esta estructura social, el rol de la política no sólo era
electoral, el partido no se concebía como una mera “máquina productora de
candidatos” sino como un núcleo capaz de establecer maneras de mirar, de
entender y de vivir. En este sentido, el rol del candidato era menor, ya que
tanto peronistas como radicales votaban simplemente a quien fuera del partido
al que pertenecían. Y más allá del voto, la identidad fuerte la generaba la
afiliación porque los militantes se sentían y nucleaban al compartir una misma
cosmovisión, una determinada manera de percibir el mundo.
2.2. Las cuatro realidades de hoy
A mediados de los años 70 comenzó una nueva etapa, que
permaneció hasta el 2001, caracterizada por la presencia de un Estado
neoliberal. A diferencia de un primer período, que ubicamos al comienzo de este
apartado entre los años 30/40 y mitad de los 70, entre 1976 y 1983 -bajo el
régimen dictatorial y luego, con el advenimiento de la democracia- existió la
fuerte convicción que el Estado debía ausentarse para dar lugar prioritario al
mercado. Esta manera de concebir la política trajo aparejada la implementación
de ajustes y la conformación de una nueva y compleja estructura social.
Este nuevo período del país puede ser visto de dos
maneras:
1-
Argentina se “latinoamericanizó”. Se
produjo la casi anulación de la clase media y el mapa social quedó
conformado por incluidos-excluidos, ricos y pobres.
2-
La otra manera de interpretar la estructura social existente en el período
1976-2001 parte de una concepción personal que fui construyendo en estos años y
la denomino “compleja”. Fundamentalmente, divido el mapa o pirámide social de
Argentina en cuatro partes:
a. El sector de
pobreza estructural. Los integrantes de este grupo no lograban cubrir sus
necesidades básicas, lo mínimo indispensable. Por ejemplo, su vivienda no tenía
piso de material, tampoco poseía los servicios básicos y estaban en situación
de clara pobreza por falta de acceso a los servicios elementales. Asimismo,
destaco que la pobreza estructural también era intergeneracional. Dicha
intergeneracionalidad no sólo imposibilitaba insertarse en el mercado laboral o
mejorar las condiciones económicas, sino que también implicaba la
naturalización de la pobreza: “Siempre fuimos pobres, vamos a seguir siéndolo”.
De esta manera, se produjo una ruptura con el mundo del trabajo y el educativo
que, inevitablemente, generó un quiebre con la posibilidad de movilidad social
ascendente. En este sentido, se efectuó un doble proceso: dejó de existir el
camino educativo y de haber un trabajo que permitiese tal movilidad. Si bien
esta estructura se pudo ver con claridad en los años 90, lo cierto es que su
gestación se produjo a mediados de los 70 y fue tomando cada vez mayor impulso.
b. El sector de
nuevos pobres, la gran novedad en la década del 90. En términos conceptuales, estos
sectores estaban vinculados al mundo del trabajo -principalmente público-, en
fuerte caída debido al proceso de ajuste o de retracción del Estado. Eran
docentes, jubilados, trabajadores estatales, pequeños emprendedores y/o
comerciantes, cuentapropistas que encaraban actividades del sector formal o
informal y que veían bajar su nivel de ingreso claramente. A diferencia del
pobre estructural, tenían una red de capital social que los hacía más fuertes.
Lo que más sufrió este segundo sector es la privación relativa que tuvieron que
asumir ya que sus ingresos, cada vez menores, no pudieron responder a sus
expectativas de consumo. Y como consecuencia de esta realidad, este sector
sintió mucha bronca y trató de resistir a los ajustes. Objetivamente, quienes
formaban parte de este grupo estaban mejor que los pobres estructurales pero
experimentaron un claro proceso de caída económica y social.
c. La clase media, conformada por
los sectores medios que tenían la posibilidad de ascender y descender y que
estaban vinculados al mercado, no al Estado. En algunos casos, eran afines a la
globalización o a la industria del software, por lo cual estaban en transición
ascendente. En otros casos, quienes estaban vinculados al mercado interno,
experimentaron una clara transición descendente.
A diferencia de los nuevos pobres, los sectores medios no
dependían del Estado, motivo por el que lograron adaptarse de mejor manera al
modelo que promulgaba la preeminencia del mercado. Además, y como consecuencia,
este fenómeno de sectores medios en transición generó un fuerte proceso de
individualismo competitivo.
d. Los sectores altos. Después de un largo
ciclo en Argentina, variaron sus intereses. Ya no eran sectores vinculados
exclusivamente a una rama de actividad (agroindustrial, financiera o industria con productos destinados al mercado
interno), sino que concentraron la producción y diversificaron sus actividades.
Fueron menos y más concentrados. Eso también marcó un fenómeno nuevo en la Argentina.
Ahora bien, en esta estructura social compleja, los sectores más pobres fueron quienes generaron los movimientos de
protesta contra el ajuste: la “Carpa Blanca” docente, la primera etapa del
conflicto en la provincia de Jujuy, con Carlos “Perro” Santillán como líder,
son algunos ejemplos. Lo destacable, en este contexto, es que, en 1995, Carlos
Menem logró su reelección gracias a una alianza entre los sectores altos y
bajos, un hecho sin antecedente en la historia de nuestro país.
A comienzos de 2012 podemos ver que la estructura social tiene otras
características. Sigue siendo compleja y fragmentada. La diferencia entre el
10% más rico y el 10% más pobre es de 22 a 1, es decir, una sociedad
efectivamente más integrada aunque los niveles de integración no son los de los
primeros años de la década del 70, ni reconstruye su esquema original. Ahora se
puede distinguir una sociedad dividida en cuatro partes que mantiene algunas
características de los años 90, mientras que otras se han transformado.
Por un lado, aparece el sector de pobreza estructural, que continúa con las mismas
características conceptuales, sin cubrir sus necesidades mínimas, que está
concentrado en los grandes centros urbanos y, especialmente, en el NOA, el NEA
y el conurbano bonaerense. El sector de pobreza estructural continúa con las
mismas características conceptuales, es decir, que no cubren lo mínimo, tiene
pobreza intergeneracional, no hay movilidad social ascendente, no está
incorporada al mundo del trabajo pero sí es sujeto de gran parte de las
políticas sociales argentinas. Se pasa de las políticas sociales más acotadas y
específicas a las grandes políticas como la Asignación Universal
por Hijo (AUH) que no toma sólo a este sector, sino que abarca también al sector
que está un poco más arriba en la pirámide social.
Como consecuencia de esto se produce una mejora de
infraestructura (condiciones mínimas en las viviendas, por ejemplo) en los
sectores de pobreza estructural. La tendencia es una mayor capitalización de
otros sectores. El estado puso en marcha diversas y exitosas políticas sociales
y mejora la transferencia de dinero. Sin duda, los sectores de pobreza
estructural a inicios del 2012 son menores y se encuentran mejor que durante
los años 90, aunque conceptualmente tienen las mismas dificultades. El trabajo
y la educación aún no son las vías para generar una movilidad social ascendente
en el sentido de inclusión en el mundo del trabajo. Justamente, uno de los
grandes desafíos para el Estado es lograr remplazar la asistencia directa por
mecanismos que les permita generar auto-ingreso.
Otro grupo que compone la estructura social vigente está
integrado por los sectores vulnerables
vinculados al mundo del trabajo informal (Argentina tiene entre 35% y 37% de informalidad
económica), sea por trabajo no registrado o, la mayoría, por ser
cuentrapropistas (gasista, plomero, carpintero, etc.). Los sectores vulnerables
claramente se auto-sostienen económicamente y viven de su propio ingreso, no
tienen asistencia estatal directa aunque, en ocasiones, pueden ser beneficiados
por la Asignación Universal
por Hijo. Lo que marca su modo de vida es la precariedad, como primer concepto
fuerte, y la falta de previsibilidad. Un docente tiene idea de lo que va a
ganar durante un año, puede proyectar sus vacaciones si tiene o no ahorros. Es
decir, tiene un horizonte de futuro bastante claro. Contrariamente, los
sectores vulnerables no gozan de esta posibilidad de previsión. Pueden ganar
más o menos que un docente, pero esa falta de previsibilidad es, en gran parte,
su preocupación. También paga más impuestos y tiende a ver al Estado como
generador de políticas para el sector de pobreza estructural y no para sí
mismo. Estos grupos, a diferencia del fenómeno de la nueva pobreza, no están en
un proceso de movilidad ascendente. Sin dudas están mejor que en la década de
los 90 y también tienen muchas dificultades de vida cotidiana que les hace la
situación más difícil.
La clase media en Argentina se
reconstruye vinculada al Estado y al mercado interno. Los docentes, los
trabajadores estatales, los empleados de comercio, vuelven a formar parte de la
clase media pero con algún nivel de integración y no en situación de
precariedad. Asimismo, se puede observar el aumento del consumo y de la
previsibilidad. A partir de estas cuestiones, se percibe claramente la mayor
presencia del Estado en el escenario político y social. De todas maneras,
frente a esta mejoría quedan algunas cuestiones que modificar: por ejemplo, los
trabajadores que son formales pero contratados por determinado tiempo tienden a
consolidarse como vulnerabilidad o como clase media formalizada.
Por último, la
clase alta continúa con sus niveles de diversificación y concentración, y
presenta mayor tensión tanto durante el gobierno de Néstor Kirchner como el de
Cristina Fernández de Kirchner. Los fenómenos de concentración continúan siendo
fuertes y el fortalecimiento de la actividad primaria permite que el sector
tenga mucha vinculación con el mundo de la producción agrícola- ganadera y,
especialmente, con la soja.
A modo de conclusión de este análisis descriptivo de la
estructura social actual, podemos decir que la Argentina está frente a
una nueva organización social. Ha resuelto problemas importantes originados o
consolidados en los años 90 y no se percibe un fenómeno generalizado de
movilidad social descendente. También reconstruyó el aparato estatal, tanto en
la atención para los sectores de pobreza extrema como en la consolidación para
los que tienen trabajo en el sector público.
Lamentablemente,
aún no ha logrado rehacer la idea del camino de la movilidad ascendente por
medio de la educación. Este es un
problema serio porque hay un contexto de mejora económica en el que no se logra
visualizar cuál es el trayecto que se debe seguir para que a nuestros hijos les
vaya mejor que a nosotros.
Queda
claro, entonces, que los próximos años nos enfrentan al desafío de integrar y
reconstruir la movilidad social ascendente.
Notas de Opinión en medios de
comunicación
Capítulo
1
- Nota publicada en el diario
BAE, el lunes 29 de noviembre de 2010
AHORA ES EL
MOMENTO DE REDUCIR LA DESIGUALDAD
Por Daniel Arroyo
Durante los primeros gobiernos peronistas se llegó a una
distribución de la riqueza en la que la mitad correspondía al capital y el otro
cincuenta por ciento quedaba en manos de los trabajadores. De allí en más, el
país penduló entre gobiernos militares en los que aumentaba la participación
del capital y períodos democráticos en los que ascendían los recursos en manos
de los trabajadores.
A partir de 2003, el gobierno se propuso como meta volver
a una distribución 50 y 50. Las políticas de aumentos salariales, la reapertura
de las paritarias y el fortalecimiento del sindicalismo permitieron establecer
un piso cada más alto en el ingreso de los asalariados. Y efectivamente ésta ha
sido una década ganada: hoy el 57% de la riqueza va para el mundo del capital y
el 43% para el mundo del trabajo.
La brecha de desigualdad, en cambio –y si bien registra
una tendencia a la mejora, parece reducirse a ritmo más lento. En la primera
mitad de los años ’70, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre
era de 7 a 1. Luego de un brutal proceso de concentración de la riqueza, en
2002 llegó a ser de 44 a 1. Hoy esa brecha se acortó a 28 a 1. Sin dudas
estamos mejor que diez años atrás, pero el nivel de concentración sigue siendo
muy alto.
Las mejoras conquistadas en la última década marcan un
piso importante para los argentinos. Ahora es el tiempo de encarar la lucha
contra la desigualdad en la verdadera escala que requiere el problema.
Es el momento de ir por más, poniendo en marcha una
reforma tributaria importante donde los que más ganan, paguen más. Los avances
en la AFIP y las nuevas tecnologías nos permitirían tener el control necesario
para encarar estos cambios. También hay que implementar políticas que luchen
contra la informalidad laboral (que hoy afecta al 40% de los trabajadores) y
consolidar a través de una ley la universalización de las AUH. Hay que fomentar
las cadenas estratégicas que generen empleo. Si logramos dar cuenta de estos
desafíos, podremos tener al final de esta década la distribución equitativa de
la riqueza a la que los argentinos aspiramos.
Capítulo 2
El Sistema de
partidos en Argentina
2.1 Las nuevas estructuras de la política nacional
2.2. ¿Caminamos hacia un nuevo sistema de partidos?
2.1 Las nuevas estructuras de la
política nacional
Las
movilizaciones populares que se desarrollaron en diciembre de 2001 cuestionaron
una forma de pensar la relación entre economía, política y sociedad que se
había arraigado durante largos años en la dirigencia argentina. A diez años de
aquellas jornadas, queda claro que la consigna “Que se vayan todos” –repetida
una y otra vez en aquellos días agitados- más que impulsar el fin de la
democracia delegativa, manifestó la amplia demanda de un fuerte cambio en el
sistema político nacional.
Desde
el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina manifestaba un
sistema predominantemente bipartidista.
Con
los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada
por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en octubre de 1983, el surgimiento
de fuerzas renovadoras más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego, con
el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de
Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas y supo
mostrar su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas.
Por
su parte, la salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado
dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al
poder con Fernando De la Rúa
en 1999, a
través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Es
cierto que ese sistema bipartidista ya venía mostrando sus grietas desde la
misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceras fuerzas
con proyección nacional –como el Partido Intransigente (PI), la Unión del Centro Democrático
(UCeDé) y el Frente Grande-, venía exponiendo, desde posturas de
centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba
representar a todo el arco de la opinión pública y dejaba mostrar sus fallas.
Sin embargo, a pesar de esas experiencias alternativas, un politólogo que
observara la realidad política argentina a comienzos de los años noventa, podía
concluir, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos
consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por
derecha, y otras por izquierda.
Pero,
a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la
crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a
resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre
de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más
tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron
grupos que impulsaban la no participación y otros que proponían llenar los sobres
electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra
la dirigencia política.
Y
en diciembre de 2001, Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación
–es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los
partidos tradicionales-, hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se
podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la
autorepresentación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer
“nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, con la
familia, con sus hijos, en sociedades de fomento, asambleas barriales, a la vez
que eludían cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el
sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera
alguna relación con la política estaba inmediatamente asociado a la corrupción,
la ingobernabilidad y el desastre económico. De hecho, en aquellos días de
diciembre de 2001, cualquier persona vestida con traje y corbata que necesitara
pasar por el frente del Congreso de la Nación , corría
el riesgo de ser agredido si era identificado como potencial asesor de
un diputado.
La
crisis de representación se corporizaba en acciones concretas: se creía que
todos los que estaban asociados con la función pública se enriquecían de forma
ilegal, a través de coimas y negociados espurios. La visión mayoritaria era que
todos los que estaban en política no dudaban en privilegiar los intereses
propios por sobre el bien común. Mientras, el resto de la población tenía que
trabajar, sufrir y “deslomarse” para vivir.
En
ese diciembre de 2001, un sistema político, que se creía consolidado hasta poco
tiempo atrás, colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.
Las
formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia
durante la década del noventa. Las razones de esas modificaciones se
encuentran, por un lado, en la consolidación del proceso democrático, tras los
primeros años turbulentos que se vivieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín,
asediado una y otra vez por levantamientos de distintos sectores de las Fuerzas
Armadas. Por otro, en el cambio en la relación entre el Estado y la sociedad
impulsado durante las dos presidencias de Carlos Menem.
El
modelo neoliberal implementado en los años noventa apuntaba a una dirección
clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las
fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las
principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones
estatales hacia el mercado. Asimismo, se impulsaron políticas de
descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia
las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos
acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas por el
Estado Nacional.
El
paradigma de la época indicaba que había que ajustar y achicar el gasto
público, flexibilizar el trabajo y esperar inversiones hacia los mercados
emergentes que en algún momento pudieran derramar beneficios para los más
pobres. En definitiva, se imponía la aplicación de los lineamientos del
Consenso de Washington (1989), que prescribían la apertura unilateral de la
economía, la reforma fiscal y del Estado, la privatización de empresas
públicas, las desregulaciones, la disminución del gasto público, el
mantenimiento del equilibrio de los índices macroeconómicos y los cambios en la
legislación laboral.
Bajo
esta perspectiva, se observaban diferencias importantes en las consecuencias
del retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de
los programas de privatización y concesión de servicios, se trasladaron
actividades rentables hacia el sector privado; por otro, la implementación de
los programas sociales se dejó en manos de los gobiernos locales (incluidos los
servicios de salud y educación) y también de las organizaciones no
gubernamentales, que debían dar cuenta de gran parte de los problemas derivados
de la crisis de integración social y del aumento de la exclusión generados por
el propio ajuste estructural[2].
Justamente
ese cambio en la relación entre el Estado y la sociedad tuvo su correlato con
la crisis de representación política a la que nos referimos desde el comienzo
de este apartado. Durante los años noventa, se terminó la política de masas
articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente
solidario, y vinculada a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema
en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación,
los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una
brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de los bienes
públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos
partidarios- y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias
y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales.
La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y
sectores que tenían capacidad de incidencia en las grandes decisiones
nacionales, mientras que la micropolítica se manifestaba alejada de las
decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales
para “amortiguar” los efectos de la crisis[3].
En
este contexto, se produjo un esperable y lógico distanciamiento entre el
sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su
incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y
se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de
las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a
hechos puntuales: protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de
derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera.
De
allí, derivó el concepto de “crisis de representación”, la idea de que los
ciudadanos no se sentían representados en sus demandas y, por eso, buscaban
resolver sus problemas en el ámbito de lo social. Es que precisamente la
política estaba asociada a la corrupción y cualquiera que dijese que militaba
en un partido o que estaba vinculado a la función pública, era mal visto.
Además, existía la fuerte creencia de que “lo privado era bueno y lo público
era malo”. Esto provocaba que el empleado público, aunque no tuviera ninguna
pertenencia política, evitara dar a conocer su trabajo.
Recuerdo
que empecé a cursar Ciencia Política en la Universidad de Buenos
Aires en 1986. En los últimos años de estudio, la gente me miraba y me
preguntaba por qué estudiaba esa carrera, para qué, si era una “indecencia”. En
el imaginario social de aquel momento, la política carecía de todo valor.
De
este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un
lado, potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que
buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste
estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad,
reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores
sociales.
En
este esquema, es necesario y pertinente señalar que se consolidó la
fragmentación de la estructura social que se había generado durante la última
dictadura militar (1976-1983). La red social con amplia presencia estatal que
se había tejido desde las primeras décadas del siglo XX y que se había
fortalecido durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entró en
crisis a mediados de los años setenta con las políticas antipopulares aplicadas
por el gobierno autoritario. Frente a este desmembramiento del tejido social,
surgieron en la sociedad nuevas formas de organización diferentes a las
tradicionales. Ya no se trataba de la gran movilización y demanda del conjunto
de los trabajadores, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollaban en
base a temas específicos y en donde se daba prioridad al espacio de lo local,
la supervivencia económica y la ausencia de vinculación con la política
partidaria[4].
Luego
de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con
distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente
Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en
las jornadas de diciembre de 2001 y provocó fuertes variaciones sobre la forma
de ejercer la gestión pública. En una conjugación de elementos económicos
heterodoxos y ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó
medidas cercanas al keynesianismo y puso, como pilares de su gestión, el
desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los
derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de
los jueces de la Corte
Suprema , desarrolló políticas sociales amplias, desde un
modelo de gestión propicio para la concentración de recursos.
En
síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones.
Es que, si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera
cargo de la presidencia del país debía convocar a economistas, en general de
tendencia ortodoxa y que fueran respetados por los sectores financieros o
empresarios, para luego entregarle el gobierno “llave en mano”, el kirchnerismo
reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar
batalla frente a las imposiciones del mercado.
En
este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández-
son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez,
actúan de manera diferente a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que
entablaron lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores
políticos hasta ese momento, no dudaron en ignorar a ciertas instituciones
tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los
sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, decidieron recuperar el valor de la
política -y de la voluntad política- como un elemento clave.
En
sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de
recrear el sistema político argentino. Buscaba así llevar a la práctica la idea
de un “peronismo progresista”, que combinara lo popular y lo multitudinario,
con programas de centroizquierda[5].
A la vez, intentaba encauzar a la
Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos
países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista;
otro, de centroderecha y conservador. Luego del paso de los primeros años, la
lectura de la correlación de fuerzas llevó a Kirchner a dejar en un plano
secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido
Justicialista.
De
esta manera, una primera interpretación, sin la distancia histórica necesaria,
podría indicar que en la última década, el kirchnerismo supo advertir ciertas
demandas sociales que habían irrumpido en el 2001 y logró reconstruir cierto
paradigma de la representación política, pero sin terminar de recomponer el
escenario previo a la crisis institucional mediante la construcción de un nuevo
sistema de partidos. Así, después de 2003 se restableció el valor de la
política como elemento articulador de los conflictos económicos y sociales,
pero no se logró configurar un sistema vigoroso de partidos e instituciones
políticas.
Durante
el 2011, año eminentemente electoral, con renovación amplia de cargos
ejecutivos y legislativos, en los tres niveles del Estado, cualquier persona
que haya caminado por las calles de la Argentina , pudo ver un bombardeo incesante de
propagandas de múltiples candidatos. Pero al agudizar su mirada, habrá notado
que gran parte de ellos se postuló sin ninguna estructura política consolidada
que lo promoviera y sin que quedase claro a qué tipo de candidatura aspiraba.
Durante la campaña sobresalió la imagen de los aspirantes, sus rostros, algunas
ideas y eslóganes, pero la identificación partidaria quedó evidentemente en un
segundo plano.
El
escenario electoral mostró, entonces, a candidatos que apostaron a valer por sí
mismo y que intentaron conseguir algún espacio en la política. Allí se hizo
evidente las dificultades existentes para recomponer, luego de la crisis de
representación de 2001, un sistema de partidos que formule cuáles son las
reglas para acceder al centro de la decisión política y cómo se hace para
ingresar en las estructuras partidarias que, de hecho, presentan aún múltiples
fracciones y desprendimientos.
Con
la apuesta por la transversalidad, el kirchnerismo intentó crear un sistema de
partidos concebido como un nuevo movimiento de mayorías que podría dar un
vuelco importante en la historia política argentina. En la década de 1930, el
yrigoyenismo había logrado amalgamar elementos innovadores con otros
preexistentes y se había convertido en la fuerza progresista que sintonizaba el
espíritu de la época. En el mismo sentido, el peronismo, a partir de 1945, supo
reunir expresiones de izquierda y de derecha, con rasgos más transformadores
junto a otros más tradicionales, y consiguió posicionarse como un movimiento
amplio, cuyos ecos llegan hasta la actualidad. Y, en la misma línea, el
kirchnerismo se imaginaba como una expresión fundante, que buscaba juntar a
“todos los buenos” del radicalismo, el socialismo, partidos de centro o de
izquierda y/o expresiones independientes.
Sin
embargo, ese sistema no logró cuajar con fuerza por una serie de razones, sin
duda, complejas; algunas coyunturales y otras más de tipo estructural.
En
primer lugar, el estilo de conducción de gobierno tan cerrado -tal vez
necesario ante la grave crisis económica y social que vivía el país-, hizo
difícil que quienes quisieran sumar sus aportes al nuevo proyecto, pudieran
hacerlo sin mayores obstáculos. Pero más allá de ese aspecto circunstancial, es
necesario dar cuenta que, en la actualidad, se vive en una sociedad posmoderna
o “líquida”, con democracias de baja intensidad, en la que las personas deciden
no ponerle del todo el cuerpo a las cosas, y en especial a aquellas cuestiones
ligadas a lo público[6].
Bajo esta nueva realidad, en el marco de la actual sociedad argentina, no
aparece con tanta claridad la posibilidad de construir un movimiento político
de identidades tan fuertes como en su momento fueron el yrigoyenismo y el
peronismo. Hasta los años setenta, en la Argentina primaba lo que se denomina el “voto
camiseta” o “voto militancia”. La política generaba una identidad fuerte y de
forma masiva en la sociedad. Tal vez, aquel sistema que imaginaba el kirchnerismo
en sus primeros años, estaba más relacionado con una sociedad de ideologías
fuertes que con las características de la sociedad actual.
En
los años noventa, mucha gente que podría haber participado de forma activa en
la política, y haber trabajado de acuerdo a ese interés por lo público, frente
a la catástrofe de las instituciones estatales, derivó su intervención hacia
las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento, o los
distintos grupos de defensa de derechos sectoriales y/o ecológicos. Hubo un
claro repliegue de lo político hacia lo social. Esa participación sectorial o
local es una característica de los años noventa, donde se observa una necesidad
de volcarse al barrio, a la ecología, a la radio comunitaria. Durante esa década,
los jóvenes de clase media tendían a vincularse con ese tipo de participación.
La
desocupación fue un dato novedoso de los ‘90. Y esa situación crítica creó un
nuevo sector que no tenía representación hasta ese momento. El sindicalismo
tardó mucho en entender ese fenómeno irruptivo y en tratar de generar una
vinculación con esos nuevos actores sociales. Si bien la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA) lo comprendió con mayor rapidez, esa falta de reacción
sindical dio pie al surgimiento de los movimientos de desocupados, también
conocidos como “piqueteros”. En el marco de la alta desocupación y la crisis
económica, esos grupos tuvieron un rol claro: lograron volver visible la
pobreza y la exclusión económica creciente. Sin embargo, en los últimos años, con
la recuperación de la economía, las changas y el trabajo informal, y la
presencia activa del Estado con planes sociales masivos, la desocupación perdió
peso como eje articulador de distintas expresiones sociales. En este nuevo
contexto, sí actúan como elemento conector de la reivindicación de ciertos
derechos, las demandas ambientales, la calidad del trabajo y la lucha contra la
corrupción, pero ya no la desocupación[7].
Con
todo, buena parte de esas expresiones, provenientes de la sociedad movilizada e
interesada por lo público, comenzó a cuestionarse si su acción no debía
articularse con el Estado y los partidos políticos. Y como respuesta decidió
volcar sus actividades nuevamente hacia el campo de lo político.
Nos
vemos, entonces, frente a un intento de consolidar las organizaciones de tipo
sociopolíticas. Es decir, agrupaciones de derechos humanos, luchas ambientales
y de defensa de cuestiones barriales reconocen que necesitan tener una conexión
con la política, aunque no necesariamente a partir de la vinculación con un
partido o un candidato determinado. En este sentido, hoy existen más
movimientos de la sociedad civil o del tercer sector que buscan ya no incidir,
sino cambiar e intervenir de forma activa sobre las políticas públicas con la
idea predominante que para que las cosas sucedan hay que estar involucrado
directamente con ellas.
La
gran diferencia entre el trabajo de las organizaciones y el Estado es de
escala. Una organización tiene penetración barrial o temática, pero su tarea no
alcanza para modificar la realidad. El único actor que tiene esa capacidad de
transformación es el Estado. Así es que, si se desea, transformaciones masivas,
con la acción de la sociedad civil no alcanza.
2.2. ¿Caminamos hacia un nuevo sistema
de partidos?
A
partir del conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias,
suscitado en 2008 por la resolución 125, las posteriores medidas tomadas por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los masivos funerales de los ex
presidentes Raúl Alfonsín y, en especial, de Néstor Kirchner, podría decirse
que hay un resurgimiento del debate y de la movilización política en el país.
Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina que manifiesta
interés en este campo, tensionando a través de las categorías tradicionales de
derecha e izquierda.
A
la vez, ya no está mal visto que alguien milite políticamente. Es más, muchos
coinciden que es adecuado participar en la escena pública. Si bien en
algunos sectores
existe aún cierta concepción que engloba a los políticos como representantes de
la corrupción y la impericia, ya no es predominante como en décadas anteriores
ya que, durante sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a
desmontar esa idea. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas
generaciones se vinculen más -y libremente- con la política.
Sin
embargo, el grueso de la sociedad sigue sin construir su identidad en base a su
pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la
política. Restringe su participación al acto electoral, vota a quienes cree que
van a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero las prioridades pasan por
su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares. La democracia
delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Y esa lejanía de buena parte
de los ciudadanos resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas,
al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El
contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor
privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por
las nuevas tecnologías de la conectividad como las redes sociales (Twitter y
Facebook, fundamentalmente). Un político que necesita hacerse conocido para
intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener
presencia en los espacios virtuales, radiales y televisivos[8].
Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años
anteriores. Hoy, en la elección de un candidato o de un funcionario, también
tiene injerencia que sean personas que tengan una buena dicción, que sepan
articular un discurso con impacto en la sociedad. La política, entonces, se
transforma en una profesión específica porque requiere de mucho tiempo y
preparación. Hay que estudiar para adquirir esas nuevas habilidades requeridas
por los medios, con códigos de lenguaje y maneras innovadoras de comunicación.
De
todas formas, se debería considerar posible –y necesaria- la construcción de un
nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías
medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la
posmodernidad, y la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un restablecimiento
de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las
democracias europeas, con partidos mayoritarios –en el caso español, el Partido
Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y luego un abanico de
expresiones de derecha, de izquierda o con fuerte impronta regionalista-, que
tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero, sucede que en la Argentina , en cambio, la
división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El
componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha. Ni siquiera
de centroderecha. Es que en la historia argentina, los que se ubicaron por sí
mismos en ese espacio ideológico, han proporcionado diversas catástrofes,
económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal
oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo
fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su
saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista
y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la
derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas,
deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de
derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con
el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte
de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas
que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por
la política no debe interpretarse, de forma mayoritaria, como un retorno de la
doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad
del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento
adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en
la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en
general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas,
unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten
“peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya
no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la
vida de las personas, como sí lo fue –junto al radicalismo- durante buena parte
del siglo XX.
Hoy,
entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter
movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos
los espacios sociales. La
Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos
fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da mayor relevancia a
la vida privada y le otorga un rol específico a la política, un espacio
limitado. En ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina debe aspirar a
recuperar la credibilidad y a ocupar -con eficacia distributiva y orientación
de desarrollo- ese espacio determinado que la sociedad le cede.
Capítulo 3
3.1. La sociedad civil, las organizaciones sociales y su relación con el
Estado
3.2. Los nuevos desafíos de la Responsabilidad Social
Empresaria en Argentina
3.1. La sociedad civil,
las organizaciones sociales y su relación
con el Estado.
Las formas de organización social en Argentina han
cambiado a lo largo del último tiempo. Hablamos de organización social cuando
las personas se juntan y trabajan en algún tipo de institución o asociación
civil sin fines de lucro.
Si uno hace una división de sectores en los que
identifica al Estado (cuyo rol es hacer políticas públicas), al mercado, donde la
gente produce con fines de lucro y a la sociedad civil, donde incluimos a las
organizaciones sociales sin fines de lucro, diría que en Argentina las personas
que se juntan en una cooperadora de escuela, en una sociedad de fomento, en Conciencia
o en Poder Ciudadano, tienen características particulares.
Una manera de analizar esas formas de organización es dividirlas
en dos. Creo que hay una primera división clara en Argentina de cómo se
organiza la gente que se organiza: por territorio o por temas de interés. A las
primeras las llamo territoriales, que representan a las personas que se juntan
para hacer algo para transformar el lugar donde viven. Y las segundas, que
incluyen a aquellas personas que se juntan porque tienen interés en la defensa
de algún tema, lo que llamaría temáticas.
En lo que hace a lo territorial básicamente aparecen 3
formas de organización muy claras. La primera es la organización de base, que son las organizaciones barriales como la
Sociedad de fomento, la Unión vecinal, el Ropero comunitario; organizaciones
donde el objetivo es avisar al intendente que se quemó la lamparita de la
esquina, prestar servicios a los chicos, dar cursos de danza, montar un comedor
comunitario si hace falta, entre otras actividades claramente vinculadas al
quehacer cotidiano y convivencial en una comunidad. Este trabajo es muy sistemático
y poco profesionalizado. Aquí no hay una estructura o un diseño de políticas
públicas, sino que el objetivo central es hacer cosas para mejorar el barrio.
Esa es la organización primaria en Argentina. Mi impresión es que el antecesor
de esta forma organizativa es el modelo de las colectividades de inmigrantes, y
representa la forma más masiva en el país. En general estas organizaciones
tienen mucha debilidad de recursos, algo que suele generar grandes limitaciones
para hacer cosas. Tienen más capacidad en el control que en la posibilidad de
poner en marcha políticas públicas. En la Argentina existen cerca de ochenta
mil organizaciones sociales y la mayoría de ellas tienen esta característica.
En segundo lugar estarían lo que llamamos las entidades
intermedias, que son las organizaciones de base que tienen redes, o
constituyen redes en sí mismas, como por ejemplo Cáritas. En este sentido, no
es lo mismo lo que hace cada Cáritas, cada una de las Parroquias, que son
organizaciones de base y otra cosa es una Red de Cáritas. La diferencia
fundamental es que estas segundas tienen capacidad para hacer políticas
públicas, es decir, tienen capacidad, por la propia red, para poner en marcha
políticas o acciones.
¿A qué nos referimos? Poner en marcha es, por ejemplo,
poder montar una red de comedores, o una política de microcréditos, entre otras
posibilidades. Pero también tienen gran capacidad para incidir en el debate de
la agenda pública. En este sentido, en cuanto a dimensión e incidencia en la
política pública habrá gran diferencia entre la Sociedad de fomento que está sola
y la red Cáritas que tiene sedes en todo el país, aunque puedan coincidir en
temas de abordaje e intereses a defender.
La tercera forma es la de las Organizaciones de apoyo
formadas por profesionales que damos en llamar ONGs, y que tienen mayor
capacidad de diseño y muchas veces prestan asistencia técnica o apoyo a las
otras dos.
En lo relacionado con lo temático, es decir la gente que
se junta por temas, también distinguiría 3 situaciones. Primero, los
movimientos flash, que son movimientos de corta duración y
monotemáticos, como el flash de la cámara de fotos. Estos nuclean a las
personas sobre la base de un tema emergente, fuerte. Pero luego de terminado
ese tema la organización como tal tiende a desaparecer. Un ejemplo podría ser: los
vecinos del barrio queremos que pongan un semáforo en la esquina. Somos de
partidos políticos distintos, de religiones diferentes, tenemos distintas
miradas sobre la vida pero hay un tema que nos nuclea y sobre eso trabajamos
juntos. Si se pone el semáforo ganamos y cada uno se vuelve a su casa, y si no
ponen el semáforo, perdimos y cada uno se vuelve a su casa. Estos espacios son
muy genuinos y tienen impacto en la medida en que impactan sobre la opinión
pública y aparecen en la agenda mediática. De esta manera, se hace público un
reclamo básicamente específico y dura lo que dura la temática o la resolución
del problema. Un contra ejemplo de esto sería el caso de María Soledad Morales
en Catamarca, como un ejemplo extraño que emerge como una temática específica
de un caso de una chica muerta y que luego termina consolidándose en el frente
cívico y social en Catamarca, pero es una excepción. En este sentido, gran
parte de los movimientos y las movilizaciones por el tema inseguridad los pondría
dentro de esta categoría porque la gente siente que hay un tema que va por encima
de las particularidades de la vida de cada uno y las miradas y las posiciones diferentes
en el barrio, por ejemplo, y sin embargo este tema los une y los lleva para el
mismo lado. Son las que usan la movilización como criterio central de su
estructura.
En el segundo grupo incluyo a los movimientos reivindicativos de
derechos. Aquí las personas se juntan porque se sienten afectadas
directa o indirectamente en un derecho. Son, por ejemplo, los afectados por el
VIH/Sida, que se juntan para reclamar por el costo de los medicamentos.
En los movimientos flash el primer punto es meter el tema
en la agenda pública para que el estado se haga cargo, por ejemplo, si hay
inseguridad, queremos más policías, o queremos el semáforo en la esquina. Acá
claramente es más acotado, son los grupos vinculados a los accidentados del
tránsito, los afectados por el VIH, etc. que se juntan y que en general la
demanda se va discutir en base del parlamento, porque muchos de sus reclamos
están vinculados a leyes y normas: obligar a que se pongan rampas en las
esquinas, a entregar medicamentos, etc. Estos tocan a los directa e indirectamente
afectados. Las Madres de Plaza de Mayo surgieron como un movimiento
reivindicativo de derechos.
Tercero, son los movimientos de calidad de vida y pondría
acá a aquellos que trabajan por cuestiones no materiales, a lo que se llama
post-materiales. Los movimientos verdes y ecologistas, la defensa de usuarios y
consumidores. La discusión no está en el reclamo sobre un tema puntual o sobre
la cuestión salarial, sino sobre mejoras de la calidad de vida. Estos
movimientos en general están formados por la clase media. Tienen un peso muy
fuerte en los modelos europeos y con un peso creciente me parece, que va a ser
más creciente en Argentina en los próximos años, sobre todo con la temática del
medio ambiente.
Desde mi punto de vista de esta manera se organizó la
sociedad civil en Argentina hasta la crisis del 2001. Entiendo que lo territorial,
lo temático
y sus características describen la sociedad civil previa a la crisis de
comienzo de siglo y describe la sociedad civil actual, pero le faltan otros
descriptores. Describe pero no explica el conjunto de la sociedad civil.
Es acá
donde hay que agregar cuestiones donde se pierde la diferencia entre lo
territorial y lo temático, que cruza transversalmente. Es por esto justamente que en el marco de mi
análisis de la situación identifico tres sectores:
En el primero aparecen los movimientos de desocupados:
los piqueteros. La Argentina
tiene hasta mediados del ’70 bajos niveles de desocupación, la categoría del
desocupado no existe y a la vez existía esa idea de “el que no trabaja es
porque no quiere”. El surgimiento de la desocupación da lugar desde Cutralcó, Tartagal, en adelante, al
surgimiento de movimientos más o menos oficialistas, con una táctica que de
diversas maneras tienden a aglutinar al mundo del trabajo no formal. Es decir, se divide
en trabajo formal y no formal. El trabajo no formal más la desocupación es el
mundo no representado por la CGT .
Estos movimientos tienen características
particulares y la primera es que representan algo que no existía antes: un
sujeto histórico que es posterior, que emerge a partir del neoliberalismo. La
segunda característica es que utilizan como método central la ocupación del
espacio público. Claramente está ahí la idea de masificar el reclamo, darle
visibilidad y ponerlo frente al conjunto de la sociedad vía los medios de
comunicación. La idea del piquete y corte de calle aparece como una temática
compleja, de mucha tensión social. En un capítulo de este libro analizamos el
tema de la tensión entre los sectores vulnerables y los grupos más pobres, pero
éstos claramente representan la pobreza estructural y ponen en la ocupación del
espacio público el núcleo de hacerse visibles. Han tenido un gobierno a partir
del 2003 en adelante que les ha dado entidad y eso los ha llevado a
diferenciarse entre los que reconocen al gobierno, le ven viabilidad, y
comparten valores –oficialistas- y los que no. Sin embargo, y al margen de esa
distinción, todos tienen como eje central la ocupación del espacio público. La
debilidad más grande que tienen estos movimientos es que la mayor parte de los
recursos proviene del Estado de diversas formas: vía planes sociales, vía
distintos programas de apoyo a distintas actividades, vía programas al estilo Argentina trabaja. En este sentido, un
tema a trabajar en los próximos años es la sustentabilidad en el tiempo de
estas experiencias.
Un segundo sector que emerge, no por nuevo,
pero sí porque había desaparecido en los años 90, son los sindicatos.
Claramente en la Argentina
son previos al peronismo y están vinculados al mundo del trabajo, pero son un
sector que cruza ambos ejes, lo territorial y lo temático. En Argentina tienen
tradición, son el gran actor social de la Argentina y recuperan su posición de manera
importante con la recuperación económica de la última década. Nos referimos a sindicatos
que tienen, sobre todo en el caso de la agrupación de la CGT , una capacidad de
movilización que no tiene ningún otro actor, ni partido político ni nadie en el
país, que han logrado consolidar a los trabajadores formales en una posición
creciente en la medida que con su capacidad de presión, más un gobierno ha
pensado en darle mayor peso al mundo del trabajo, poniendo el tema en la agenda
prioritaria. En este sentido se han juntado para aumentar los niveles de
ingreso y se enfrenta hoy con la problemática de cómo esa capacidad de presión
social se transforma en incidencia política. Si el problema de la mayor parte
de los movimientos sociales es cómo lograr tener incidencia en la agenda
pública, el problema de la CGT
hoy es cómo tiene incidencia en la política partidaria, en la estructura de
representación del sistema político. Diríamos que tiene más o igual
representación en el mundo de los movimientos de los desocupados, teniendo
mucha menos estructura, capacidad de gestión, recursos, condiciones.
Por último, creo que si es importante
destacar que hay un punto clave como surgimiento de esta forma de organización,
los sindicatos, con la CTA
y el reconocimiento del trabajo no formal. Entiendo que ahí hay un punto
conceptual novedoso.
Como tercer sector ubico a los movimientos
vinculados a la re-religiosidad en Argentina. Algo que es novedoso desde la magnitud
que han tomado. Estos movimientos, formados por distintas clases de instancias
religiosas, de estructuras evangélicas, católicas que tienden a vincularse con
lo social a través de la asistencia, por ejemplo, montando un merendero, un
comedor comunitario o brindando algún tipo de ayuda, está absolutamente
descentralizado, o sea que no constituye una red, al estilo Cáritas, sino que
hay un montón de gente de manera individual haciendo cosas. Sin embargo, es lo
más masivo que tiene la Argentina en la actualidad.
Estos movimientos representan a los sectores
de extrema pobreza, y logran algo que en principio no parece sencillo y es
vincular las problemáticas de la coyuntura de la vida cotidiana, de los
problemas sociales, con la cuestión trascendental.
En este sentido, creo que en el país existe un fenómeno fuerte de re- religiosidad que,
desde mi punto de vista, implica nuevas formas de organización social en
términos de prestar servicios y asistencia social.
En la Argentina ha habido un proceso largo en términos
de estructuras organizacionales religiosas: seguimos teniendo entidades
intermedias como hemos tenido en los `90, por ejemplo Cáritas ha cambiado mucho
su esquema, lo que era una política más asistencial, caritativa, hoy tiene que
ver con viviendas y microcréditos, con programas sociales más consolidados y
profesionalizados. Sin embargo, este mundo o sector, como lo he llamado, de re-
religiosidad, no parecería estar encaminado de la misma manera, hacia una
escala mayor, sino que lo analizo como una apuesta constante a resolver la
problemática de la extrema pobreza.
En Brasil, por ejemplo, hay un fenómeno
fuerte de los movimientos eclesiales de base vinculados al PT. En la Argentina,
en cambio, están las mismas condiciones pero todo suelto, no aglutinado en una
organización mayor o directamente politizada. Aquí podemos encontrar a un señor
en su casa que es pastor, que tiene un merendero comunitario y hace lo que
puede como puede, sin ningún tipo de red comunitaria ni política. Esta es la diferencia
básica con el caso brasileño.
Estos tres esquemas de organización
trascienden la diferenciación entre lo territorial y lo temático (movimientos
de desocupados, sindicatos y movimientos de re-religiosidad) y cobran fuerza en
la última década no por ser movimientos nuevos, sino porque cobran una
vitalidad que no habían tenido años anteriores.
Lo mismo podría decirse, aunque como
fenómenos más acotados, de los movimientos vinculados a comunidades indígenas y
a jóvenes que buscan revalorizar su rol en el espacio político.
Estas formas de organización que se han
planteado en este capítulo dan cuenta de lo masivo, de las grandes maneras que
tienen los ciudadanos de expresar sus reclamos o propuestas. Esto se da en el marco de una sociedad con
importantes niveles de movilización que busca ampliar su nivel de incidencia.
Los sectores descriptos son los que, a mi
criterio, conforman hoy el esquema de la organización social en la Argentina.
3.2. Los nuevos desafíos de la Responsabilidad
Social Empresaria en Argentina.
El
debate en torno a las políticas sociales se concentró, durante varios años, en
dos posturas: por un lado quienes consideraban que el Estado tenía como tarea
principal asistir y garantizar el acceso a la población más vulnerable de los
bienes básicos y por otro, aquellos que consideraban que la política social
debía generar capacidades para que la gente pudiera mejorar su condición
social.
Las
dos posiciones tenían algo en común: comprendían a lo social como un aspecto
sin relación con lo económico. De esta manera, las políticas sociales tenían
que capacitar, sensibilizar y preparar a la población, pero allí terminaba su
tarea. La función de la economía dependía de otra cartera y empezaba luego,
cuando el mercado incorporaba, o no, a la población en cuestión de acuerdo a
las condiciones macroeconómicas reinantes.
Este
esquema ya no rige en Argentina y en gran parte por las dificultades que ha
generado. Hoy, frente a una situación social nueva, es necesario revisar los roles
y funciones de los diversos actores sociales, incluyendo el privado, con el
desafío de generar capital humano (las capacidades), capital social (las
condiciones para asociarse) e incorporando al capital económico como parte del
proceso. Esto quiere decir incluir el financiamiento de actividades productivas
que generen trabajo e inclusión social.
Para
ello es importante generar condiciones para fortalecer los grupos sociales, así
como identificar los nichos productivos reales en cada una de las regiones del
país. Procurar el desarrollo productivo como prioridad para la política social
significa tener la capacidad para articular, en cada territorio, las
perspectivas de un crecimiento económico sustentable.
En
este marco es importante redoblar los esfuerzos por parte de todos los sectores
de la comunidad para consolidar el crecimiento económico y la distribución equitativa
de los recursos, en el marco de estrategias institucionales que favorezcan los
grandes consensos y la institucionalización de las políticas de Estado.
En
este camino, la responsabilidad social y articulación de los sectores que se encuentran
vinculados directa o indirectamente a las políticas públicas es de suma
relevancia, y entre estos, el sector privado, a través de las prácticas de responsabilidad
social empresaria tiene un rol particular que pasaremos a detallar.
La
responsabilidad implica un destacado esfuerzo de compatibilizar acciones y
lógicas con el fin de trazar lineamientos que comprendan políticas de Estado.
Este concepto puede entenderse como un sistema de acuerdos compartidos entre
diferentes actores, entre ellos la empresa, en donde su responsabilidad sea
parte significativa y promueva la inclusión social.
En
esta línea el rol del Estado es vital para la planificación de los grandes
lineamientos y como impulsor de la complementariedad, la interrelación y la articulación
de los diferentes actores involucrados. El rol del empresariado también es
relevante porque puede ser motor del desarrollo si, por ejemplo, logra
profundizar su participación a lo largo de las cadenas productivas y en la
conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Tras ocho años de crecimiento
sostenido, como mencionamos en otro capítulo, nuestra economía atraviesa un
momento único dentro de sus dos últimos siglos de historia. La creciente demanda
internacional de alimentos por parte de los países del BRIC –especialmente
China e India- marca una tendencia ascendente en los próximos años. Se trata de
una oportunidad excepcional que nos permitiría dar un salto sustentable en la
mejora de la situación social argentina.
Teniendo en cuenta este
contexto, una agenda de Desarrollo Social para la próxima década debe avanzar
sobre diez ejes centrales, y que desde mi punto de vista deben orientar las
estrategias de RSE para el futuro próximo:
El primer punto, sin duda, es
la pobreza estructural, que encuentra sus territorios más críticos
especialmente en el NOA, el NEA y el conurbano bonaerense.
En segundo lugar, se debe
avanzar en políticas que combatan la informalidad y la precariedad laboral que,
como vimos, afecta a casi cuatro de cada diez argentinos.
Tercero, atender las brechas
de la desigualdad, que son particularmente profundas en los grandes centros
urbanos.
El cuarto ítem consiste en
garantizar la inserción social de los jóvenes de 16 a 24 años, que actualmente
no estudian ni trabajan. Se trata de un sector de la población que sufre no
sólo la ausencia de oportunidades laborales y educativas sino también la falta
de un horizonte que les permita proyectar sus vidas en el futuro. No sirven los
programas aislados para resolver esta situación, sino que se soluciona con
planes de gran escala y una política en la que estén involucrados todos los
sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional.
En quinto lugar, se debe
trabajar con las situaciones de pobreza vinculadas con la imposibilidad de
ciertos sectores sociales de acceder al capital.
También queda claro, como
sexto ítem, de acuerdo a ciertos episodios de tomas de tierras[9],
que es necesario masificar el acceso al crédito a la vivienda para aquellos
sectores que, aún trabajando, tienen ingresos insuficientes para alcanzar la
financiación que requieren.
En el mismo sentido, el
séptimo punto radica en la extensión de los planes de infraestructura social y
vivienda, que deben apuntar a la generación de espacios con mejor calidad de
vida en los grandes centros urbanos, donde se conjugan problemas como el
hacinamiento, la adicción al alcohol y a las drogas, la violencia y la
estigmatización de los jóvenes.
Por otra parte, en octavo
lugar, hace falta avanzar en las estrategias de fortalecimiento de los niveles
de atención primaria de la salud que eviten la sobrecarga en los hospitales
públicos. Asimismo, hay que apuntar a la mejora de la calidad educativa,
achicando las diferencias crecientes que se están observando entre escuelas
privadas y públicas.
El noveno eje pasa por la
descentralización de recursos, desde los gobiernos nacionales y provinciales
hacia los espacios de gestión locales.
Finalmente,
resulta necesario el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil, transfiriéndoles recursos para que puedan encarar sus propias acciones.
Las
etapas de la RSE en Argentina
Como hemos
consignado, la escala de estos problemas requiere que el Desarrollo Social no
sea considerado sólo como un mero instrumento del Estado, sino que necesita el
apoyo de todos los actores de la sociedad. Para ser realmente eficientes y
tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de Desarrollo
Local deben ser el resultado de la interacción entre los gobiernos, las
empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Resulta fundamental,
entonces, contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos
los sectores, con sus múltiples recursos y la diversidad de sus puntos de
vista.
En
la Argentina ,
la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) ha evidenciado un
gran crecimiento en los años recientes, con mayor presencia del actor privado
en la perspectiva de la inclusión social. Un análisis de lo ocurrido en las
últimas décadas, permite observar tres grandes etapas del desarrollo de la RSE en el país.
La primera de
ellas se vivió hasta el 2001, donde no había una experiencia de intervención
estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, que acompañaban el
desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego de aquel año, muestra
que muchas empresas adoptaron de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Fue una etapa
caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la
emergencia socioeconómica y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina. En la tercera etapa,
que comienza hacia 2007 y continúa aún hoy, las empresas comenzaron a trabajar
sobre la promoción. Básicamente, se centraron en el otorgamiento de becas,
microcréditos y capacitación laboral. Es allí, con este nuevo enfoque, cuando
la acción empresarial empieza a tener impacto
contribuyendo de manera significativa a transformar la realidad.
En
este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE , que pasan por lograr sustentabilidad a las
acciones encaradas, fundamentalmente en el apoyo a las organizaciones que
tienen legitimidad y en la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay 80 mil organizaciones sociales y
uno de los retos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y
capacitación, para cooperar con un real fortalecimiento de la sociedad civil.
Dos claros ejemplos de RSE: otorgar las becas de estudio y potenciar las
cadenas productivas
Becas de estudio
Recientemente
desarrollamos una investigación sobre los diferentes programas de becas
diseñados e implementados por el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), que permitió diagnosticar y analizar la situación de los programas de
becas escolares, terciarias y universitarias implementados en la Argentina.
Una
de las conclusiones que muestra este estudio es que la deserción escolar,
registrada sobre todo en el nivel de enseñanza media, es resultado de
diferentes aspectos, entre los que destaca la falta de ingresos de las
familias, que impide que sus hijos se sostengan en el sistema educativo. La
beca, en la medida que apunta a la transferencia de dinero, el acompañamiento a
la escuela y el apoyo al alumno y a su familia, es una de las acciones más
concretas y efectivas para dar solución a este problema.
La
creciente inversión social por parte de distintas empresas implica que nos
encontramos frente a un área en crecimiento que requiere ser estudiada y
abordada desde distintos enfoques. Como señalamos, el sector privado ha ido
modificando sus programas de RSE, evolucionando de la asistencia y la
contención social hacia el apoyo del sistema educativo a partir de la idea que
es a través de esa dimensión por donde pasan los procesos de inclusión social
reales para los próximos tiempos.
Desde
hace más de diez años, y sobre todo después de la crisis de 2001, las
organizaciones de la sociedad civil y las empresas han comenzado a buscar
alternativas de articulación con la educación y, específicamente, con la
escuela. No sólo por la preocupación y la necesidad de contar con mano de obra
calificada, sino además y, no menos importante, para dar respuesta a una demanda
generalizada de invertir en acciones educativas que tengan efectos a largo
plazo.
En
cuanto a las áreas geográficas seleccionadas para el desembarco de los
programas, se puede decir que se define, en muchos casos, de acuerdo a los
objetivos e intereses de las empresas que financian los programas, previo
análisis de los principales indicadores socioeconómicos. Otros criterios que se
tienen en cuenta son la demanda surgida desde las mismas ciudades, y la
capacidad operativa de las organizaciones que implementan el programa. La mayor
concentración de proyectos se asienta en la región Metropolitana, NOA, NEA y en
la zona del centro del país. Luego se ubica la Patagonia y, por último,
Cuyo.
Del
análisis también se desprende que, para el desarrollo operativo de cada
programa, resulta necesario contar con un aliado en el territorio -una
organización ejecutora, un coordinador local, tutores con responsabilidades
administrativas, etc- que cumplan con tareas de gestión y articulación.
Por
otro lado, en muchos casos, el impacto y la posibilidad de éxito en la
implementación de cada programa es mayor cuando la escuela es la organización
ejecutora, pues el seguimiento y acompañamiento es más intensivo durante todos
los días del ciclo lectivo. En este sentido, cabe destacar que todos los
programas, más allá de ser iniciativas del sector privado o de la sociedad
civil, reconocen el rol fundamental articulador que tiene la escuela.
Otro
aspecto relevante para señalar es el sistema de tutorías que, con diferentes modalidades,
desarrollan la mayoría de los programas estudiados. El rol del tutor o
encargado de seguimiento aparece como el engranaje central y fundamental en
toda la estructura de los programas. La tutoría se presenta como una estrategia
de andamiaje para sostener, acompañar y orientar la escolaridad y, a la vez,
promover la inclusión de los jóvenes, encontrando los mejores modos de hacer
significativa la experiencia escolar.
La
función del tutor está ligada tanto a la calidad educativa como a las tareas de
asistencia y contención. También incentiva a los becados tanto a continuar y
finalizar sus estudios, como a tener una visión de futuro al transmitir
posibilidad concreta de desarrollar un proyecto de vida.
Cadenas productivas y RSE
El sector empresario también puede ser motor del
desarrollo si, por ejemplo, logra profundizar su participación a lo largo de
las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la
inversión y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre
los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en
primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan
actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinaria
obsoleta. Un segundo punto, y como consecuencia de la problemática anterior, es
que existe una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no
permite utilizar las herramientas y tecnologías actuales. Y, en tercer lugar,
el sector informal en la
Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de
cadenas de producción reales, creándose un circuito económico a nivel local y
barrial. Esta situación genera que un sector social importante de la población
- vinculadas al mundo del trabajo pero a partir de la precariedad- tenga
dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
Pueden
destacarse, en este sentido, varios oficios (pintores, albañiles, plomeros,
herreros, etc.), como también pequeños emprendedores que realizan alguna
actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). Se trata de un sector
con dificultades para establecer una previsión social, de salud y de
condiciones regulares de trabajo.
De
esta manera, en Argentina hay un potencial de cuatro millones de personas que
están realizando actividades económicas y son ciudadanos que no pueden acceder
a un crédito bancario. Esto ocurre porque no tienen patrimonio y, por lo tanto,
garantía para desarrollar, fortalecer o relanzar sus actividades productivas.
El sector privado, a través de acciones desarrolladas en el marco de la RSE , tiene un rol muy
importante para vincularse con este sector y potenciarlo con estrategias de
encadenamiento productivo, de asistencia técnica y capacitación.
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como instrumento para
mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y
social. También para realizar un acertado diagnóstico acerca de las
características de la economía de la región, los potenciales recursos
materiales y humanos ociosos de la misma.
Así, como
ya lo anticipamos, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la
conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la
asistencia técnica y la capacitación.
En cuanto al primer instrumento, es importante
destacar que la desarticulación de unidades productivas reduce su potencial
para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución
equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre
emprendedores con las unidades productivas, que permitan la construcción de
redes de apoyo mutuo y, sobre todo, que deriven en la construcción de un
proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales. De esta
forma se genera un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, donde el
empresariado asume un rol activo y de respaldo financiero.
Las cadenas productivas que articulan el sector privado y la
economía social inciden directamente en la elaboración de un producto final. La
cadena permite así diversos niveles de procesamiento, transporte,
comercialización e industria, alcanzando varios productos terminados en el
nivel del consumidor y una sinergia de actores promotores del desarrollo
económico.
Esto
puede realizar una integración vertical, en la cual se articulan distintos
eslabones de una cadena productiva; o bien, horizontalmente a través de una
asociatividad entre emprendimientos y empresas de un mismo eslabón, que
procuran mejorar sus canales de comercialización y/o producción.
El
encadenamiento no implica perder la individualidad en el manejo de la
producción por parte de los emprendedores y de las empresas. De hecho, muchas
actividades serán más efectivas y menos costosas si se realizan en forma
asociativa, ya que se optimizan las estructuras de costos individuales y las
capacidades de innovación productiva para mantener el posicionamiento
competitivo en el mercado y el impacto socioproductivo. La RSE se hermana con la idea de
la densidad productiva, la generación de valor agregado y la inversión genuina.
El segundo elemento a visualizar, en relación a la RSE , es la posibilidad de otro
tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores
vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y
servicios para el sector privado. Esta relación procura la consolidación y
“estandarización” de emprendimientos productivos en los aspectos relacionados
con su producción, calidad y comercialización. Además, esta simbiosis le permite a los
emprendedores la adaptación a nuevas tecnologías, como así también la
diversificación de la oferta y el mejor aprovechamiento de los recursos físicos
y humanos disponibles, con miras a aprovechar la demanda que solicita el sector
privado.
Un
último aspecto relevante es la
capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. Este
punto tiene una estrecha vinculación con el fortalecimiento de la Economía Social y
las iniciativas que surgen de ella misma. El objetivo es que el sector privado
pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes
emprendedores. Es que muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo,
por lo cual el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre
el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio,
cuentan con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación a partir de
la optimización de sus canales de producción y/o comercialización.
El sector privado puede formar
a los emprendedores acerca de temas generales relacionados con la producción
económica y su comercialización, orientando la actividad hacia el conocimiento
de la cadena de valores de los productos, el aprovechamiento en forma
comunitaria de los recursos e insumos existentes, el mejoramiento de la
organización y coordinación de los grupos humanos para la producción en escala,
como así también hacia cuestiones legales e impositivas que posibiliten la
comercialización en circuitos comerciales formales. La Responsabilidad Social Empresaria llevada a la práctica en el
fortalecimiento de las cadenas productivas, genera un salto en calidad y escala
de producción de los pequeños emprendimientos.
En
definitiva, en nuestras sociedades en desarrollo, el concepto de Responsabilidad
Social Empresaria debe superar la neo-filantropía y vincular cohesión social y
producción. De esta forma, propuestas como las de apoyar cadenas productivas de
la Economía Social
por parte del mundo empresarial, debe ser priorizado con el objetivo de la
inclusión social.
La
Responsabilidad Social Empresaria
debe ocupar un lugar central en las estrategias de concertación entre los
actores, donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una
localidad. El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común,
eliminar las viejas dicotomías agro-industria, estado-mercado, economía
formal-informal, y aplicar una visión de desarrollo que cree mecanismos
decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como meta la
construcción de una sociedad integrada.
Notas de Opinión en medios de
comunicación
Capítulo
3
- Nota publicada en el diario Clarín,
el domingo 31 de octubre de 2010
SEGUNDA
GENERACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Por Daniel Arroyo
El surgimiento de los movimientos
sociales desde mediados de la década de los ‘90 le dio visibilidad a un
fenómeno que décadas anteriores no existía: la desocupación. Luego, los
cartoneros les mostraron a los grandes centros urbanos la dimensión creciente
de la pobreza y la exclusión que afectó a un gran número de argentinos e hizo
eclosión en diciembre de 2001.
De allí en más, el ciclo de luchas
incluyó el modelo del piquete como modo de ocupar el espacio público y llamar
la atención de los medios de comunicación. El Plan Jefes de Hogar fue un hito
en el 2002 que les permitió a 2,2 millones de personas tener un ingreso básico
para paliar la situación y a los movimientos transformarse en referentes frente
al Estado.
La asunción de Néstor Kirchner a la
Presidencia en mayo del 2003 provocó una reconfiguración del rol de los
movimientos y las organizaciones sociales. El aumento en la inversión social y
la llegada de varios de sus principales referentes a la gestión de las
políticas públicas generó reacomodamientos y tensiones internas. Por un lado,
se abrió desde el Gobierno la posibilidad de administrar recursos públicos y de
que pusieran en marcha diversas actividades y empresas sociales. Por otro, esos
dirigentes vivieron su nuevo rol de funcionarios en una situación de equilibrio
inestable, tironeados entre las obligaciones de la gestión y las demandas de
las bases de los movimientos que integran.
Los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner recuperaron el rol del Estado como herramienta de transformación
social y económica y como articulador de los conflictos sociales. La década
última fue una década ganada en la que hubo mejoras en los indicadores de
pobreza, indigencia y desocupación.
También fue una década ganada para la
visibilidad de los movimientos sociales y abrió el debate de cómo pasar a la
política electoral, si a través del peronismo o a través de nuevas expresiones
políticas. Las colectoras del 2007 potenciaron esta última posibilidad.
Lo que viene presenta múltiples
desafíos. Por el lado de lo social: la pobreza estructural; los jóvenes que no
estudian ni trabajan; las dificultades de acceso al crédito; el trabajo
informal; la tensión en los grandes centros urbanos; las brechas de
desigualdad. Por el lado de lo político: cómo los movimientos pueden construir
nuevos liderazgos aumentando su autonomía respecto del Estado.
Tenemos hoy muchos recursos en el Estado
y una sociedad civil débil y con poca autonomía, que tiene que armar proyectos
y después buscar quién se los financie. La Nación concentra hoy el 70% de los
recursos de las políticas sociales, las provincias el 23% y los 2200 municipios
sólo el 7%.
Parte de los desafíos pasan por
equilibrar la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los
municipios, a través de mecanismos de federalización que permitan desarrollar
programas que tengan en cuenta las necesidades locales y articulen el trabajo
de las organizaciones.
Los retos van desde el acceso a las
fuentes de información y financiamiento, el fortalecimiento en su capacidad de
gestión y los modos de articulación entre las propias organizaciones. El
crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad
histórica. Hay que ir hacia una segunda generación de políticas sociales que
tome como eje la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las
organizaciones locales a través de la transferencia directa de recursos para
que puedan encarar sus propios programas.
Capítulo 4
Inclusión y
desarrollo económico en la
Argentina actual.
4.1.
Capitalizar a los sectores pobres
4.2.
El rol del microcrédito.
4.3.
Microcrédito y políticas sociales
4.4.
La experiencia del “Plan Manos a la
Obra ”
4.5.
El rol del Estado en el desarrollo de la economía social
Durante los próximos años, el contexto
internacional ofrecerá una situación favorable para la economía argentina. Los
mercados de China, India y Brasil continuarán con su demanda de los bienes que
nuestro país produce. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de generar
cambios estructurales sobre la realidad social.
La pobreza en la Argentina es un problema
de mayorías y está directamente vinculado a la falta de ingresos. En los
últimos años, además se viene estableciendo una compleja relación entre pobreza
y endeudamiento, especialmente en los grandes centros urbanos, ya que su
población toma créditos a tasas muy altas debido a las fuertes dificultades que
tienen para acceder al préstamo bancario.
La única opción para los sectores pobres
es tomar un “crédito fácil” o “crédito ya”, que exige como único requisito
presentar la fotocopia del documento. Se trata, sin embargo, de préstamos que,
en muchos casos, encubren tasas que superan el 100% anual. Y cuando el deudor
no puede pagar, se le ofrece hacerlo con intereses aún más elevados.
En el país, hay cuatro millones de
personas que se encuentran en esa situación. Se trata de cuentapropistas y
pequeños emprendedores que trabajan en condiciones precarias, con tecnología
atrasada y una mala interacción con el mercado, y que no pueden a acceder a
créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías.
Vale resaltar que las entidades
financieras públicas han puesto en marcha, en los últimos tiempos, programas
destinados a capitalizar a los sectores pobres. El aporte estatal permite bajar
las tasas a porcentajes razonables y absorber los altos costos de la operatoria
del microcrédito, que requiere de oficiales de cuenta que no sólo cobren las
cuotas en el territorio, sino que también acompañen y asesoren a los
emprendedores.
Los programas se destacan por su bajo
nivel de morosidad: llegan a menos del 3% sobre el capital vencido. Esta cifra
encuentra, al menos, dos explicaciones posibles. Por un lado, que los sectores
pobres asumen la palabra empeñada. Por otro, que al ser su única fuente de
financiamiento, pagan en tiempo y forma para volver a tomar otro préstamo. El
hecho de que sea un banco -público o privado- el que les brinde el crédito
genera un incentivo intangible aunque muy relevante: las personas sienten que
hay una organización financiera que confía en ellos.
Se estima que este tipo de microcréditos
vinculados a entidades del Estado llegan a doscientas mil personas. Pero hay
alrededor de 3,8 millones que no acceden al préstamo “oficial” y, dentro de ese
universo, claro está, se encuentran los que se endeudan a tasas usurarias. Es
por ello que resulta necesario dar un salto de escala y avanzar en la
masificación de los sistemas de microcréditos existentes.
Esta masificación y el debate acerca de
cuál es el rol del sector bancario resulta fundamental para reducir los niveles
de vulnerabilidad social. Los avances en los últimos años han sido realmente
importantes, tanto del sector financiero como de las áreas sociales, pero
resulta trascendente establecer mecanismos para intensificar el otorgamiento de
créditos a las personas que no poseen garantías y, junto con ellos, desarrollar
una red de seguimiento que acompañe a los pequeños emprendedores.
Sucede que el problema del desempleo no
sólo se mejora con microcréditos, sino también con mecanismos de acompañamiento
y capacitación laboral. En este aspecto, los últimos años también muestran
avances importantes. Lo que aún resta es debatir acerca de cuáles son los
sectores estratégicos en los que habría que generar mecanismos de incentivos
para que los sectores de baja calificación consigan trabajo.
Son muchas las actividades productivas
que mejoran el PBI en Argentina, pero pocas los que llegan hasta la punta de la
cadena, es decir las que incorporan a los jóvenes sin la escuela secundaria
completa. La construcción, la industria textil, metalmecánica, de calzado y las
curtiembres generan mucho movimiento y permiten incluir a estos sectores. De
allí, la necesidad de que, junto a la masificación del microcrédito, se generen
diversos incentivos para el desarrollo de estas actividades.
4.2. El rol
del microcrédito
Existen innumerables antecedentes
internacionales donde el microcrédito se utiliza como herramienta de
fortalecimiento de la Economía Social.
Desde el Banco Grameen, creado en 1979 por Muhammad Yunus, el Banco Triodos de
Holanda, la Banca Sol
en Bolivia, hasta experiencias en nuestro país, donde a principios de siglo XX
las viejas Sociedades de Socorros Mutuos y las Cajas de Créditos aportaban
financiamiento para el trabajo y la producción.
De todos modos, el
microcrédito, como lo conocemos en la actualidad, se consolidó en Argentina en
la década del ochenta, cuando organizaciones del tercer sector comenzaron a
trabajar con pequeños productores rurales (en muchos casos a través de
financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo),
proporcionándoles crédito, capacitación y asistencia técnica. A fines de esta
misma década (1989), el Banco Provincia inició una experiencia de microcrédito
urbano que funcionó hasta 1992
a través de la Fundación Juntos.
A principios de la década
del noventa, surgió una nueva generación de instituciones de microcrédito, que
intentó fortalecer el Desarrollo local
(Fundación Emprender, Fundación Banco Mundial de la Mujer , Cáritas Quilmes) para
profundizar el trabajo iniciado con las microempresas en las zonas urbanas.
En la actualidad, la convergencia entre
el microcrédito, el Desarrollo Local y la Economía Social implica un
concepto abarcador de la compleja y vasta realidad social, teniendo en cuenta
las diferentes experiencias asociativas.
Al realizar un análisis integral, se
puede reconocer a la Economía Social
como un subsistema socioeconómico, cultural, de producción y distribución de
bienes y servicios, que desde el Estado, junto con las organizaciones de la
sociedad y del sector privado, mejoran los ingresos de las familias.
La idea de la Economía Social , al mismo
tiempo que intenta definir un espacio “nuevo” en términos de perfiles
laborales, de acción colectiva y de actores, debe incorporar dentro de sus
fines la idea de un escenario que modifique la exclusión social y una forma
determinada de financiamiento para alcanzar esos fines. En consecuencia,
tendría que seguir los siguientes objetivos prioritarios:
·
Luchar contra la pobreza y la
indigencia;
·
Luchar por la justicia social, a favor de un desarrollo
integral y una ciudadanía plena;
·
Involucrarse dentro de un
proyecto de país inclusivo,
a través de la realización del desarrollo productivo.
En
la actualidad, la Economía Social
puede involucrar a una variedad de acciones colectivas, como son las
cooperativas y mutuales, la agricultura familiar, experiencias basadas en
particularidades étnicas y culturales de grupos de población (por ejemplo, la
indígena), los diferentes emprendimientos productivos familiares, las empresas
recuperadas por los trabajadores, las ferias sociales, los diferentes clubes de
trueque, etc. Muchas de estas prácticas utilizan el microcrédito como forma
para comenzar y/o consolidar la producción y la comercialización de los
emprendimientos.
De
esta manera, la
Economía Social se configura como un ámbito donde los
conocimientos o saberes individuales y sociales, las construcciones asociativas
y otros recursos intangibles como la identidad, los valores y la confianza, se
constituyen como “reservas ocultas” y externalidades positivas de difícil
identificación. (Coraggio, 1998)
El
fortalecimiento de la
Economía Social de cada localidad es la condición
indispensable (y excluyente) para todo proceso de Desarrollo Local que se
quiera emprender, donde el microcrédito es un instrumento de suma importancia
para desplegar su potencialidad.
Es
importante destacar la potencialidad de la convergencia entre el Desarrollo
Local y la Economía
Social. Por eso, aquellos territorios en los cuales los
diferentes actores públicos y privados sepan construir entornos innovadores a
partir de sus propios recursos y circunstancias específicas están llamados a
ser agentes eficientes de la transformación tecnológica y socioeconómica de los
mismos. (Alburquerque, 2001).
Esta
definición nos permite delimitar mejor aquellos elementos imprescindibles en
una dinámica de desarrollo productivo en el nivel local y que potencie la Economía Social.
Ésta, a su vez, debería tener en cuenta:
·
La
elaboración de proyectos a partir, fundamentalmente, de los recursos
económicos, sociales y humanos propios;
·
La
acción de actores públicos y privados comprometidos en el Desarrollo Local y
con capacidades institucionales para establecer pautas de acción.
Impulsar
procesos de Desarrollo Local y de Economía Social implica identificar los
recursos existentes, lo que permite una definición del perfil económico. Esto
es de suma relevancia, ya que permite reconocer el rango de posibilidades y
alternativas según la existencia de todos los recursos conducidos desde “lo
local”.
Así
se pueden definir los circuitos económicos en la localidad incorporando a los
sectores formales, a los informales y a los de subsistencia, como forma de
encontrar puntos de vinculación que busquen la inclusión social.
4.3. Microcrédito y políticas sociales
La importancia del microcrédito es
sustancial para una política social de tipo inclusiva, ya que permite promover
iniciativas productivas en favor del empleo y de la mejora de los ingresos de
las familias.
Entendemos el microcrédito como un préstamo de pequeño monto que puede
otorgarse directamente a personas o a través de grupos, sin constituir una
hipoteca o una prenda, ni requerir ningún tipo de garantía real[10].
Además, se destina al desarrollo de microemprendimientos productivos
asociativos de autoconsumo, comerciales o de servicios, mientras que su
devolución se realiza en plazos cortos y medianos, y la cuota está relacionada
con la capacidad de pago. Podemos concluir, entonces, que es un instrumento de
suma relevancia para la lucha contra la pobreza.
Ahora bien, debe comprenderse a este tipo de financiamiento como
una forma de inclusión social pero también como una estrategia de inserción en
el mercado. Para ello, el préstamo
debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y materias primas
para que la producción pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes
(inclusive el del mismo microcrédito). En este sentido, las alternativas de
financiamiento deben ser amplias teniendo en cuenta la variedad de experiencias
de la Economía
Social. (Carpio, 1996)
Por otro lado, es
necesario que el mercado sea irrigado por nuevos microcréditos y suscite un
aumento de demanda tan amplio que sea probable que todos se beneficien con
alguna parte de este proceso. De allí que el crédito tiene que estar insertado
en la promoción de la economía local, inclusive si es posible en conexión con
otras localidades o regiones. Esto permite identificar el perfil de las
comunidades existentes y su relación con sus actividades productivas.
En este marco,
“el microcrédito sustituye crédito de otras fuentes, con la ventaja de ser más
accesible y cuya concesión es desburocratizada y ágil. Eso beneficia a los
actores del mercado local sosteniendo la actividad económica, insertando a
todos los actores que se encuentran al margen de ella y mejorando
sistemáticamente el patrón de vida de los habitantes del lugar”. (Singer, 2002)
Otro aspecto relevante de la utilización
social del microcrédito es que los niveles de incumplimiento del préstamo
popular, cómo se mencionó al comienzo de este capítulo, son muy pequeños, lo
que exige que: a) los proyectos financiados tengan sustentabilidad, b) la amortización de los préstamos se ajuste
al flujo de ingresos generados por los proyectos, y c) existan mecanismos de
asistencia técnica y capacitación para reducir los costos, mejorar la gestión y
tener penetración en los mercados.
En este sentido, también es importante
considerar qué es estratégico para el territorio y que eso sea decidido en
forma colectiva, con la participación de todos los actores que lo componen.
De esta manera,
la relevancia de políticas de microcrédito con impacto social implica, a la
vez, proximidad entre los financiadores y los ejecutores de los proyectos: sean
cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de
fondos rotativos, consorcios populares de ahorro y cualquier otro tipo de
asociaciones.
En consecuencia, una
de las condiciones de éxito de un sistema de microcrédito es la cogestión del
mismo en el nivel local por agencias de bancos públicos especializados y
entidades comunitarias de finanzas. Esto debe estar asociado también a
diferentes mecanismos de garantía de transparencia y contralor de la asignación
del financiamiento.
En suma, una
política de microcrédito que promueva la inclusión social requiere una nueva
estructura institucional conformada por una red comunitaria de finanzas
solidarias, una importante presencia en las comunidades que más lo requieran y
se encuentren capacitadas para captar el ahorro. Además, planes de desarrollo,
formulados y aprobados por las comunidades que deben ejecutarlos, y bancas
solidarias del gobierno federal, provincial y municipal, especializadas en
microcrédito para suplir fondos de financiación de inversiones de mayor monto.
En
todos los casos, el microcrédito debe disminuir los riesgos de interrupciones
en los flujos de dinero y evitar que provengan de una única fuente de recursos.
Por otro lado, debe realizar directamente o dar soporte a las actividades de
acompañamiento a los servicios financieros propiamente dichos, ya sean de
capacitación, facilitación de información y conexión con otros actores del
territorio, como el caso de universidades u organizaciones de la sociedad
civil.
4.4. La
experiencia del Plan “Manos a la Obra”
El
“Plan Manos a la Obra”[11]
reconoció el potencial del nivel local y lo presentó como el espacio
estratégico para la gestación de iniciativas que posibilitaran mejorar el nivel
de vida de la población, donde el rol del microcrédito fue fundamental para
canalizar las necesidades y expectativas de la ciudadanía, en función del rol
que cumplía el Estado en la lucha contra la exclusión.
Resulta importante destacar que el proceso de
Desarrollo Local se encuentra relacionado con la idea de crecimiento económico
con impacto social, es decir que las actividades que impulsan el crecimiento de
la localidad, son acompañadas por medidas que posibilitan una distribución del
ingreso en términos de equidad.
El objetivo del Desarrollo Local y de la Economía Social , , como ya hemos mencionado, es
fomentar aquellas actividades productivas que cuentan con viabilidad económica
y que encuentran una identificación histórica y cultural en la población que
las realiza. Por eso, es necesario pensarlo “desde abajo”, teniendo en cuenta todos los recursos potenciales
del “saber hacer” de la población, sus recursos naturales y la infraestructura
del lugar. (Carbonetto, Gioa y Solis, 2000)
A su vez, la prolongada crisis del mercado de trabajo y el aumento
de la brecha existente entre la situación social de los sectores pobres y los
de altos ingresos de la población han puesto en la escena a la Economía Social (y
su financiamiento) como un subsistema de relaciones económicas y sociales que
posibilitan, en un marco de solidaridad y de reciprocidad, la conformación de
diversas formas de organización para la producción económica y comunitaria.
Por ello, el “Plan Manos a la Obra ” tuvo por objeto la detección de necesidades
y demandas, la formulación de propuestas viables y la implementación de
proyectos productivos desde la perspectiva del Desarrollo Local y la Economía social.
En este marco, el Plan
desarrolló tres componentes
principales:
a. El apoyo
económico y financiero con el objeto de fortalecer la capacidad de los proyectos
productivos para mejorar los ingresos de las familias y promover la inclusión
social a través de la participación en actividades laborales y comunitarias. Se
trató, entonces, de otorgar financiamiento a actividades productivas
sustentables –sujetas a las características de cada localidad- desde la
perspectiva del Desarrollo Local.
Al mismo tiempo, los proyectos productivos que se
desarrollaron en el marco del Plan fueron seleccionados teniendo en cuenta la
potencialidad que ofrecía la actividad desde la perspectiva del perfil de
Desarrollo Local, garantizando condiciones estructurales de cooperación y
asociación entre distintos sectores sociales y económicos.
De esta manera, el Estado Nacional involucró en su
acción a una gran variedad de experiencias asociativas que comprendían
emprendimientos productivos de la Economía Social. Atender sus necesidades es de
suma importancia para la inclusión social, ya que en los últimos años se han
constituido como respuesta frente a la exclusión del mercado de trabajo de
vastos sectores y se multiplicaron al tomar diferentes modalidades de
organización, niveles de producción y grados de integración a los circuitos
comerciales. Inclusive en varios momentos se convirtieron en ámbitos de
contención social frente a la crisis.
Con el objetivo de promover la integración social
y transformar las necesidades sociales en oportunidades de acción colectiva, el
Plan también otorgó financiamiento a emprendimientos destinados a los
beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar[12]
desocupados, lo cual implicó estimular las potencialidades de los
beneficiarios, de modo tal que estuvieran en condiciones de aprovechar autónomamente
el apoyo económico y financiero desde el Estado en emprendimientos productivos
a través de los cuales los sujetos generaron los recursos económicos para
mejorar sus ingresos.
La inclusión social mediante financiamiento
incluye también a las cadenas productivas a través del impulso de una
vinculación entre emprendedores con las unidades productivas, que permita la
construcción de redes de apoyo mutuo y, sobre todo, que deriven en la
construcción de un proyecto de desarrollo endógeno. Por otro lado, varios
pequeños productores y unidades económicas necesitan de inversiones para
mejorar su capacidad de producción como así también una planificación
sistematizada que favorezca las posibilidades de sustentabilidad del
emprendimiento. En este sentido, desde una perspectiva que entiende al Estado
como promotor del desarrollo, el Plan desplegó estrategias de apoyo a la
producción, en favor de la calidad de la comercialización, reducción de costos
y adaptación a nuevas tecnologías.
b. El
Fortalecimiento Institucional tiene
como objetivo central promover la concertación y participación de
todos los actores sociales y productivos en el territorio. En esta dirección,
el Plan Nacional “Manos a la Obra ”
planteó un conjunto de acciones particulares destinadas a promover el
desarrollo de espacios de encuentro, debate e intercambio. De esta manera,
buscó favorecer la realización de acuerdos intersectoriales que se constituyan
en los cimientos de los planes de Desarrollo Local como así también en el marco
institucional en el cual se implementan las políticas sociales.
c. La asistencia técnica y capacitación
estuvieron destinadas a los emprendedores incluidos en el Plan. En este
sentido, las pequeñas unidades
de producción y los distintos beneficiarios de los proyectos de Desarrollo
Local y Economía Social debieron superar un gran número de dificultades para
alcanzar logros económicos, sociales y comunitarios. Por estar marginados del
mercado de crédito formal, contaban con escasas oportunidades para recibir
algún tipo de formación que potencie su propia capacidad emprendedora. Muchos
tenían sólo su propia fuerza de trabajo, razón por la que el resultado se veía
reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización
de una actividad productiva. Otros, en cambio, poseían, tal vez, bienes o
insumos pero necesitaban mejorar su situación optimizando sus canales de
producción y/o comercialización. El Plan “Manos a la Obra ” se propuso brindar
acompañamiento integral y asistencia a todos los sectores mencionados para que
pudieran generar un impacto positivo sobre su nivel de ingresos y el
empleo.
4.5. El rol del Estado en el desarrollo de la Economía
Social.
En los últimos años hubo un
avance en la economía social solidaria y este camino ha generado una serie de
desafíos para Estado que es importante visibilizar para poder avanzar sobre
ellos en los próximos años.
En los últimos ocho años hubo
cinco avances principales en torno a la economía social solidaria:
El primero es que hoy tiene
visibilidad. Las cooperativas, las mutuales y los pequeños emprendedores eran,
hasta hace un tiempo en Argentina, bienes de economía de segunda, gente que
trabajaba como podía, sin acceso a nada, con mucha dificultad y con el supuesto
de que tenían que arreglarse como podían y que el mercado se iba a acomodar por
sí solo. Es evidente que existe otro modelo económico, otra economía, otra
forma de producción y otra manera de encarar las actividades productivas y que
esto no es nuevo en Argentina. Lo nuevo es que se vea; que tenga presencia y
acompañamiento del Estado, ya sea en el tema del crédito, de la
comercialización, o en otras cuestiones.
Y estas realidades generaron
avances significativos. Hoy cualquier banco público en la Argentina evalúa la
necesidad de tener algún programa o plan de microcrédito para pequeños
emprendedores, cooperativas o empresas recuperadas. Hoy cualquier organismo estatal vinculado con lo
social, cualquier Secretaría de Desarrollo Social de un municipio o de alguna
provincia planea a la economía social como parte de su incumbencia. En
cualquier universidad, cuando analiza los temas a trabajar, la economía social
aparece. Esto evidencia la visibilidad de algo que existe hace mucho tiempo en
Argentina pero que no se lo veía. Antes se suponía que era una etapa de
transición hasta que el mercado lo tomara pero hoy hay políticas públicas hacia
ese sector.
El segundo avance es que
existe financiamiento para la economía social. Esto tiene que ver con la
existencia de sistemas de créditos, microcréditos, subsidios y de mecanismos
que funcionan más rápido. Con distintas modalidades, hay fuentes de
financiamiento importantes hacia las actividades de la economía social y
solidaria. Algunos lentos, complicados y con muchos pasos en el medio, otros
con mucha intermediación, otros más rápidos, algunos con formularios difíciles
y otros no tanto. Pero el segundo avance es que efectivamente existe un sistema
de financiamiento. Hoy alguien que monta un emprendimiento productivo, que
forma parte de una cooperativa o que recupera una fábrica, tiene identificado
un conjunto de instancias que lo puede financiar y que lo puede acompañar.
Subsisten muchas cosas para discutir, desde luego, pero no deja de ser un
avance. Este segundo logro indica que, efectivamente, hay más financiamiento;
el Estado tiene más presencia en el orden de la economía social. Desde la banca
pública, desde parte de la banca
privada, desde las organizaciones sociales y desde el Estado, hay más
mecanismos de financiamiento para la economía social.
El tercer aspecto en el que
hemos avanzado, también con dificultades, es el normativo, el aspecto
tributario. Creo que acá el adelanto ha sido menor y lo que falta es
significativo pero con el monotributo social y con los distintos tipos de
mecanismos podemos decir que es un avance. Se comienza a reconocer a la
economía social como parte de un mecanismo que requiere otro sistema tributario.
Si bien con dificultades, evidentemente es un paso más en el sentido de que hay
instrumentos y dispositivos para empezar a llevar adelante un mecanismo que
permita formalizar al ámbito de la economía social sin tener que endeudarse de
inmediato.
El cuarto progreso remite a
la comercialización. Desde mecanismos de apoyo de los gobiernos locales, de
instancias nacionales, desde sistemas de tutorías, desde la certificación de
calidad entre otros aspectos, también se ha avanzado en colaborar a los
emprendedores en la comercialización de sus servicios o productos. Los temas
siempre giran en torno a que las personas saben producir pero no saben vender;
y a los desafíos sobre cómo ayudarlas en ese proceso. En este cuarto avance, el
de la existencia de instrumentos y mecanismos para la comercialización es
notorio que en algunos rubros esto es más complejo y en otros menos, pero
existen más mecanismos de comercialización y mayor apoyo del Estado.
Actualmente cualquier persona que produce en la pequeña escala o en el ámbito
de la economía social conoce los lugares donde puede ir a ofrecer sus
productos.
El quinto punto tiene que ver
con que se empezaron a desarrollar cadenas de producción y cadenas de valor
donde un segmento de la economía social empieza a formar parte de la
articulación de cadenas productivas. Si bien esto todavía es escaso, ni bien
uno empieza a identificar algunos rubros (a construcción, el textil, el metal
mecánico y el turismo) advierte que comenzaron a desarrollarse cadenas productivas.
Los emprendimientos de la economía social, sobre todo los más pequeños,
comienzan a formar parte del encadenamiento de procesos productivos.
En este sentido, existen
avances que se evidencian en la realidad cotidiana de la economía social
solidaria. Si comparamos con la realidad de unos ocho años atrás, observamos
que la economía social tiene visibilidad, tiene impacto, tiene financiamiento,
ha tenido un proceso en donde algunos instrumentos tributarios la van
favoreciendo, tiene mecanismos de comercialización y empieza a formar parte de
cadenas productivas. Lejos de donde deberíamos llegar, pero con progresos
significativos.
¿Qué falta hacer respecto del
rol que desempeña el Estado? Podemos identificar cinco cuestiones sustantivas:
La primera es el costo del
financiamiento para la gente que lleva adelante cooperativas, mutuales,
pequeños emprendimientos y actividades productivas. En Argentina existen 4
millones de personas que trabajan (gasistas, carpinteros, plomeros, etc.), que realizan
actividades productivas y muchas veces
por falta del acceso a un crédito o por distintos mecanismos, suelen tener
complicaciones en su crecimiento y desarrollo. Pero también sucede que como
necesitan el dinero muchas veces lo toman en lugares informales a tasas de
interés del 90% anual, con los problemas financieros que esto les produce a los
pequeños productores y emprendedores. La economía social funciona con
financiamiento a tasas bajas y no con financiamiento para vivir pagando lo que
se pidió como crédito. Aún estamos lejos de la escala de 4 millones. Hoy se
está llegando a 200 mil personas con sistemas de créditos, microcréditos y
distintas modalidades. Y cuando no se aceleran las políticas públicas en este
sentido lo que hacen las personas que lo necesitan es buscar donde hay, o donde
le dan, y eso son tasas usurarias brutales.
Entonces, el primer desafío
es darle escala al financiamiento de la economía social. Si la Argentina creció durante
los últimos 10 años, si la economía va a crecer los próximos 5 ó 6 años,
tenemos que dar un salto de escala y un masivo recurso de financiamiento para
avanzar en el desarrollo de toda la economía social. El reto es generar
mecanismos de regulación y de control. Un avance que se debe dar entre todos, no sólo a nivel estatal, sino que son el
Estado, la banca pública, la banca privada y las organizaciones sociales los
tienen que actuar para llegar, con tasas subsidiadas, y fortalecer las
capacidades productivas de la economía social. La idea no es endeudar a las
personas, sino dar un salto de calidad productiva.
Un segundo desafío importante
para todos, y siempre partiendo de la base que estamos un piso más arriba, es
empezar a pensar mecanismos tributarios y mecanismos de reconocimiento de las
actividades de la economía social y no solo a las personas. El tema del
monotributo social es un avance importante, pero cinco personas que formaron
una panadería tienen que tener un reconocimiento como tal: como un
emprendimiento y no cada uno suelto como monotributista. Creo que ahí tenemos
que dar un salto, que debemos avanzar, sobre todo porque teniendo ya el
monotributo social como un primer paso, cómo avanzamos para generar mecanismos
diferenciados para las actividades de la economía social. El reconocimiento de
las empresas recuperadas es un progreso significativo en muchos casos, los
saltos que se van dando, la cierta capacidad de generar instancias asociativas
también, pero es claro que necesitamos que la economía social en la Argentina tenga un
mecanismo tributario diferenciado que lo acompañe en el proceso de inclusión
productiva sustantiva. Creo que para que esto suceda en la Argentina -y que es uno
de los elementos que empezaría a ayudar a achicar los niveles de desigualdad,
para generar mecanismos estructurales de cambio en lo normativo y en lo
impositivo-, se requiere de mucho consenso social y mucha participación de
todos los que forman parte de la economía social.
El tercer desafío que tenemos
todos, y que representa desde mi punto de vista el más importante de la
economía social en los próximos años tiene que ver con cómo empezar a generar
mecanismos para que todas sus actividades den un salto en la escala del
mercado, fortalezcan instancias de comercialización más allá de lo que estamos
haciendo y que el Estado ayude, a través del compre local, a dar una escala
sostenida a las actividades de la economía social. Deberíamos intentar que el
Estado obtenga, al utilizar su capacidad de compra, un importante rol a la hora
de empezar a dar un salto y a acompañar. Es complejo, hay municipios que lo
hacen, hay experiencias como el tema de los guardapolvos. Es necesario
fortalecer escalas de producción de la economía social, que en este esquema de
crecimiento económico nadie venda sus cosas de la manera que puede, sino dar un
salto de calidad. Y en esa escala de la posibilidad de venta, el Estado tiene
un rol importante porque está claro que es el gran comprador de bienes y de
servicios hoy en la
Argentina.
No se reduce la pobreza en
Argentina si no capitalizamos masivamente a estas 4 millones de personas. Y la
capitalización no sólo tiene que ver con los créditos, sino con generar
instancias de comercialización masivas.
Recordemos
que lo importante en la economía social no es sólo que haya gente que le vaya
mejor produciendo y vendiendo, ni es solamente generar redes comunitarias.
Masificar instancias de capitalización mejora las condiciones sociales, reduce
niveles de pobreza y aumenta los niveles de inclusión en Argentina. Creo que
ahí hay un desafío central.
Un cuarto reto para
fortalecer la economía social y el rol del Estado en este desarrollo tiene que
ver con poder generar instancias de transferencia de recursos rápido y en
tiempo real. El problema hoy no es que no haya fuentes de financiamiento, sino
que entre que alguien presente un proyecto y efectivamente lo ponga en marcha
se tarde mucho tiempo. En las distintas escalas, un cuarto problema grave que
tenemos es que habiendo recursos, no los transferimos en tiempo real. Una
manera de hacer esto es descentralizar recursos sobre las organizaciones
sociales y sobre los municipios. Otro tema decisivo es evaluar rápido. Lo que
tenemos que hacer es que el que está cerca, el municipio, la organización
social, tenga los recursos para que los pueda implementar. Y se está avanzando
en esto. La Comisión
de Microcréditos está generando instancias para descentralizar, pero hay que
acelerar rápidamente ese proceso porque este contexto –el crecimiento
económico- da grandes chances para el desarrollo de la economía social. Y eso se
fortalece transfiriendo recursos en tiempo real.
El último desafío tiene que
ver con distinguir las actividades productivas en tres niveles distintos de
actividades de la economía social, especialmente en los que tienen que ver con
emprendimientos pequeños y medianos y empezar a generar políticas específicas.
Un municipio apunta al tema turístico, metal mecánico y tal o cual
actividad, e inicia actividades
productivas. Eso se vincula con lo estratégico del lugar. Cualquier territorio,
cualquier municipio apunta claramente a lograr ciertos objetivos. Lo que tiene,
entonces, es la capacidad de inducir, de generar y de promover actividades
productivas que podemos llamar estratégicas.
El segundo nivel es lo
preexistente. Alguien que es gasista, plomero o carpintero es evidente, sin
hacer grandes estudios, le hace falta dar un salto y obtener financiamiento. El
tercer nivel es la persona que tiene una idea de aquello que quiere hacer. Mi
impresión es que la economía social debe trabajar en las tres escalas, sin que
prevalezca una por sobre las otras, sino que los sistemas de seguimiento y de
acompañamiento tienen que estar en los tres.
Combinar
estos tres aspectos con tasa de interés diferente me parece que es un punto
central. En este sentido, un gran desafío es que todos –el Estado y los que
tenemos algo que ver con esto- empecemos a identificar mecanismos que articulen
a los tres, que equilibren y que tengan mecanismos de seguimiento. La economía
social es mucho más que sólo un pequeño emprendedor que hace algo, mucho más
que sólo redes comunitarias, es mucho más que sólo otra mirada de la economía y
es mucho más que sólo solidaridad. La economía social es generar condiciones de
actividad productiva para dar un salto cualitativo, capitalizar y mejorar calidad
de vida. Para eso hay que tener impacto local. Hay que mover las actividades
económicas y orientarlas al desarrollo de la economía social.
Hoy existe una gran
oportunidad en la
Argentina. Estamos mejor, pero con enormes retos por delante.
Una manera de orientarlos es acelerar, dar escala y dar un salto en calidad.
Creo que en los próximos 5 años será necesario ahondar profundamente los
alcances de la economía social, dar un gran salto en escalas, tener un mejor
financiamiento y subsidios de tasa para evitar que la gente la siga tomando al
90% anual. Tenemos que generar mecanismos rápidos y que no sean 8 meses para
transferir 15 mil pesos para alguien que va a montar su pequeño emprendimiento
productivo; tenemos que destrabar el esquema impositivo y generar condiciones
para fortalecer cadenas de producción.
Notas de Opinión en medios de
comunicación
Capítulo
4
- Nota publicada en el diario Clarín,
el martes 15 de junio de 2010
LO PRIMERO ES
LA INCLUSIÓN SOCIAL
Por Daniel Arroyo
En esta pelea que hay que dar de manera contundente
inciden factores determinantes: la extensión de las asignaciones familiares, la
posibilidad de aumentar o no los 180 pesos por hijo y la corrosión que está
generando la inflación.
La agenda social en la Argentina tiene cinco
problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que
alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40%
de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre
el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan
; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70%
de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza
y la violencia conviven de manera cotidiana.
En este contexto, hay tres factores determinantes en
la lucha por la inclusión social. Por un lado, la extensión de las asignaciones
familiares y la posibilidad de incrementar o no los 180 pesos por hijo.
Por el otro, la inflación , que complica este
esquema porque el aumento de precios en los alimentos podría llegar a ser de
entre 25% y 30% este año. Finalmente, la dinámica que tengan los sectores
productivos que logran incluir a los sectores pobres (textil, calzado,
curtiembres, frigoríficos, metalmecánico y construcción).
Es muy positiva la extensión de la Asignación por
Hijo, porque rompe con un esquema muy desigual, en el que cobraban ese derecho
sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a
las ganancias. Ahora hay que avanzar en un programa progresivo de
universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque
sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la
población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y
que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de
salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios.
El siguiente paso debería sancionar una ley que
permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina. Uno de los problemas más
fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años
que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón) . La
resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los
próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la
inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente
y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la
maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente
vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores
creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos
a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación
de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro
millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto,
interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una
sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede
comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos
hoy pobreza con endeudamiento : las personas toman crédito por fuera del
sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra
la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que
esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003.
La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el
vidrio” , de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que
tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las
capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema
estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas
se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando
tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y
que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en
marcha de un fondo específico .
En definitiva, hoy la sociedad está desenganchada de
la política . A diferencia de lo que ocurría en los años 90, la clase política
tiene más peso en la toma de decisiones, pero está faltando un vínculo
cotidiano con la sociedad. A la política le falta generar un proyecto con
horizonte de futuro.
La Argentina es un país que tiene todo: recursos
naturales, personas capacitadas, territorio, una sociedad relativamente
integrada y mucho porvenir.
En función de lo que hagamos en los años que siguen
vamos a poder construirla de cara al Bicentenario. El contexto internacional
parece darnos una nueva oportunidad.
- Nota publicada en el diario PAGINA
12, el Viernes 1 de octubre de 2010
CRÉDITOS Y
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Por Daniel Arroyo
La creación por parte del gobierno nacional de una
“cuenta gratuita universal” es una oportunidad para avanzar en la incorporación
de los sectores más pobres al sistema bancario formal. A partir de hoy se
implementarán cajas de ahorro gratuitas a las que se podrá acceder con la única
presentación del DNI. Tendrán un saldo máximo de 10.000 pesos, pero sin costos
de mantenimiento. Esta decisión se suma al lanzamiento de la Tarjeta de
Alimentos en la provincia de Buenos Aires en febrero de 2008 y a la
bancarización de más de un millón de familias a través de la extensión de la
asignación por hijo.
Estas políticas representan un puntapié inicial para
revertir una compleja relación que se está generando en los últimos años entre
pobreza y endeudamiento. Especialmente en los grandes centros urbanos, la gente
está contrayendo deudas a tasas muy altas por las fuertes dificultades que
tiene para acceder al crédito bancario. En muchos casos, la única posibilidad
para los sectores pobres parece ser tomar un “crédito ya” o “efectivo fácil”,
que tienen como único requisito la presentación de una fotocopia del DNI. Pero
son préstamos que, en muchos casos, encubren tasas que superan el 100 por
ciento anual. Y cuando el deudor no puede pagar, se les ofrece reprogramar el
pago con intereses aún más elevados.
Por eso, es necesario avanzar en la revisión de las
cláusulas que impiden a las entidades bancarias prestar dinero a quienes no
puedan justificar un ingreso fijo formal y, a la vez, se ponga un freno a la
expansión de las casas que brindan préstamos personales con prácticas
claramente usurarias.
En el país hay cuatro millones de cuentapropistas y
emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a
créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Se trata
de gasistas, carpinteros, mecánicos, costureras que cuentan con tecnología
atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado.
Las entidades financieras públicas han puesto en
marcha en los últimos años diversos programas destinados a capitalizar a los
sectores pobres. El aporte estatal permite bajar las tasas y absorber los altos
costos de la operatoria del crédito. Los programas se destacan por su bajo
nivel de morosidad, que llegan a menos del 3 por ciento sobre el capital
vencido.
Este indicador encuentra, al menos, dos
explicaciones posibles. Los sectores pobres asumen la palabra empeñada. Y como
es su única fuente de financiamiento, pagan en tiempo y forma para volver a
tomar otro préstamo. El hecho de que sea un banco –público o privado– el que
les brinde el crédito genera un incentivo intangible, aunque muy relevante: las
personas sienten que hay una entidad financiera que confía en ellos.
Este tipo de microcréditos vinculados al Estado
llegan a doscientas mil personas. Pero hay 3,8 millones que no acceden a esos
préstamos y, en ese universo, están los que se endeudan a tasas usurarias. Por
eso, es necesario dar un salto de escala y avanzar en la masificación de los
sistemas de créditos existentes.
La masificación del crédito bancario y el debate
acerca de cuál es el rol del sector financiero parece fundamental para reducir
los niveles de vulnerabilidad social. Resulta importante establecer mecanismos
para masificar el crédito a los que no tiene garantías y, junto con ellos,
encarar una red de seguimiento que acompañe a los pequeños emprendedores.
El problema del trabajo informal y el desempleo no
sólo se mejora con el acceso al crédito, sino también con mecanismo de
acompañamiento y capacitación laboral, aspectos en los que también ha habido
avances importantes.
Son muchos los sectores productivos que mejoran el
PBI en Argentina, pero son pocos los que llegan hasta la punta de la cadena, es
decir los que incorporan a los jóvenes que no tiene secundaria completa. La
construcción, el textil, la metalmecánica, el calzado, las curtiembres generan
movimiento y permiten incluir a estos sectores. Es necesario que, junto con la
masificación del crédito a los sectores pobres, se generen mecanismo de
incentivos para el desarrollo de estas actividades.
Capítulo 5
Políticas
públicas en Argentina
5.1.
Las etapas de las políticas públicas en Argentina
5.2.
Los cinco ejes de las políticas sociales hoy: nutrición, empleo, sistema de
seguridad social, violencia doméstica y jóvenes
5.1. Las etapas de las políticas públicas en Argentina
En la década del ’80 nuestra economía
creció cero. Recuperamos la democracia pero durante toda esa década no hubo
crecimiento económico, no hubo generación de empleo y por tanto, no hubo
desarrollo. En la década del ’90 los datos sociales en Argentina eran
alarmantes: 57% de pobres, 28% de desocupados y 60% de informalidad económica. Más
allá de lo que cada uno analice desde diversos marcos conceptuales, es evidente
que fue una década perdida en lo social. La idea de la teoría del derrame, de menos
estado más mercado, que incluía el concepto de que achicar el estado es
agrandar la nación, entre otros, en la realidad nacional todo eso dio muy malos
resultados sociales. Contrariamente, la década posterior, del 2001 al 2011 ha
sido una década ganada en lo social, tanto para Argentina como para América
latina.
Más allá de las discusiones que se dan
y se seguirán dando de cómo se mida la pobreza en la Argentina, y si los
organismos oficiales miden bien o miden mal, sin dudas desde el 2001 se viene
dando un proceso en el que se ha logrado reducir la pobreza, la desocupación y la
indigencia en los países de América Latina. Esto da cuenta que, a pesar de las
diferentes miradas y políticas implementadas en los diversos países, esto es un
dato de la realidad indiscutible.
Si bien en otro capítulo nos abocamos
a analizar los diferentes casos que se dieron en América Latina en la
implementación de políticas públicas para reducir la pobreza, en este punto
desarrollaré las tres cosas que han pasado en la Argentina, en este último
tiempo: se redujo la pobreza, la
desocupación y la indigencia; aumentaron los presupuestos y los recursos para
las áreas sociales; y tres, las áreas sociales incorporaron dimensiones como la
cuestión de la economía social, los microcréditos, o el tema de los jóvenes,
que no estaban en la agenda tradicional de lo social.
Desde mi punto de vista, cualquier
política pública que uno analice hoy en Argentina debería contemplar este
contexto. Un contexto claramente favorable que marca la obligación de ver cómo
seguimos y qué cosas haremos para seguir modificando la realidad.
Desde este enfoque, en lo que respecta
a las políticas públicas de la Argentina identifico dos grandes etapas luego de
la gran crisis del 2001, más específicamente del 2003 en adelante. Este proceso
da cuenta de cómo ha evolucionado la política social en Argentina con sus
particularidades y con sus características.
En la primera etapa que va del 2003 al 2007 la política social se basa
en tres grandes ejes:
(I)
Lo alimentario. La idea de fortalecer el apoyo de la asistencia alimentaria
y fortalecer las formas de comer y alimentarse en el hogar, la idea de terminar
con la entrega de los bolsones de comida y los comedores, y tratar de que la
gente vuelva a comer en la casa, en familia. También apuntar a descentralizar,
a transferir recursos a las provincias y a los municipios para que puedan
definir su política alimentaria.
(II) Lo productivo. La idea de que la gente sola no consigue trabajo y
que el Estado requiere incidir fuertemente en la formación y capacitación
laboral, en el acompañamiento de las personas para conseguir trabajo, que sería
la tarea más natural del Ministerio de Trabajo, más financiar activamente al
sector informal de la economía. Financiar máquinas, herramientas, insumos,
bienes de capital, lo que se ha llamado Plan
Manos a la Obra que detallamos en otro capítulo de este libro y que partió
de la base de que el entrar en el mundo del trabajo es un trabajo en sí mismo
que requiere del acompañamiento estatal. Algunos entran buscando trabajo,
empleo, otros montando su propia actividad.
(III) La transferencia de dinero. El programa tuvo un primer momento que
fue el Plan de jefes y jefas de hogar,
que en mayo del 2002 alcanza a 2.200.000 personas.
La segunda etapa importante que identifico es cuando avanza el Plan Familia. El primero fue financiado
por el Banco Mundial (BM) y el segundo por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). La novedad el Plan Familia
fue el reconocimiento de una transferencia diferente de acuerdo del número de
hijos.
El Plan Familia
nace en el 2003 y llega a tener 400.000 personas como beneficiarias. Su marco
conceptual parte de la idea por un lado de que no es lo mismo una familia que
tiene un hijo que otra que tiene cuatro o cinco, y por otro en el
requerimiento, para acceder al beneficio, de los certificados de salud y
educación de los chicos.
Luego, este Plan va a dar un gran
salto de calidad en diciembre del 2009 y se va a masificar a partir de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hoy
tiene 3.600.000 chicos bajo cobertura y representa una transferencia anual de
casi 12.000.000 de pesos. Esta política, claramente orientada a la
redistribución y a la inclusión en términos educativos y de salud, y en
términos económicos, al consumo local. Y esto es porque una persona que cobra $270
por mes por hijo, compra en el almacén de la esquina, en el que le queda cerca.
Y es por esto que claramente apunta a la inclusión, al aumento del
keynesianismo económico en el sentido de la presencia del Estado fomentando el
consumo.
La primera política que apuntó a la
universalidad, como antecedente de la AUH, ha sido el “Derecho Garantizado para
la Niñez” que implementé yo como Ministro de Desarrollo Social de la Provincia
de Buenos Aires en agosto del año 2008 y que buscaba cubrir, paulatinamente, a
todos los niños menores de seis años. Se
trató del primer modelo de política social que buscó equiparar derechos de los
hijos de los trabajadores formales e informales, apuntando a que el salario
familiar se transformara en un derecho que les llegara a todos más allá de la
posición laboral de los padres.
5.2. Los cinco
grandes ejes de políticas sociales hoy: nutrición, empleo, sistema de seguridad
social, violencia doméstica y jóvenes
Hoy, los ejes que hemos mencionado en
el punto anterior podemos desglosarlos en al menos 5 temas prioritarios de la
Argentina:
(I) Tema
alimentario que claramente
queda más reducido a una política compensatoria. Sí era el grueso del
presupuesto en el 2001/2002. Antes del Plan
jefes y jefas de hogar el grueso del presupuesto era transferencia
alimentaria, es decir, bolsones de alimentos, el comedor, etc. es el que va por
mayor asignación social, porque la gente consigue changas, trabaja. Y más
porque hay más consumo local, que es el que manda. Esa política alimentaria
tiene una gran deuda todavía que es cómo apuntarle a la calidad alimentaria. La Argentina tiene un alto
nivel de cobertura, pero tiene un desafío de la calidad. La política
alimentaria debería ir no tanto a más cobertura, bolsones de alimentos o más
tarjetas que fue hacia ahí donde fue evolucionando sino a mejorar el tema de
promoción de la calidad.
El alimentario quedó transformado en
una mezcla de asistencia alimentaria y transferencia de dinero. Esto le dio
libertad a las personas para comprar y eso es un punto muy sustantivo. El gran
desafío, como dijimos, no es la cobertura, hay algunas personas que quedan
fuera de los planes pero en términos generales los argentinos ya sea porque
tienen una iglesia cerca, porque tiene el apoyo del estado, o por el comedor
escolar, tienen alimentación asegurada. No es el problema del acceso, en
términos de cercanía, sino de la alimentación que reciben. La calidad de los
alimentos no está determinada por el saber comprar, porque la gente sabe
comprar, sino por los programas nutricionales que fomenten la calidad de los
alimentos, tanto de los sectores pobres como de la propia clase media.
El problema de la Argentina no es el
hambre. Con esto no quiero decir que no existan personas que sufran de hambre
en nuestro país, sino que el problema es en realidad la nutrición.
(II) Empleo. El segundo gran paquete del debate de la política
pública tiene que ver con el mundo de la empleabilidad y el emprendedorismo, es
decir, el trabajo y la producción. Acá
han habido avances claros en la
Argentina con programas como Más y mejor trabajo, o mecanismos de apoyo y acompañamiento para
que la gente consiga trabajo. Me parece que el estado ha tenido un rol en la
intermediación laboral. Y una de ellas es la discusión con sindicatos y
empresarios sobre los salarios mínimos. Sin embargo hay un rol muy activo que el
Estado debería tener los próximos años que es acompañar a la gente a conseguir
trabajo; hacer el rol de agencia de empleo, de intermediación entre los que
buscan trabajadores y los que buscan trabajo. Este es un rol central del
Estado. Esto no es sólo capacitación en términos de que la gente se capacite
para tener mejor currículum o experiencia para ir a buscar, intermediar, me
parece que el modelo de Job Center inglés es, el estado tiene una oficina donde
están todos los clasificados de los diarios. Vos vas a buscar trabajo ahí,
ellos te contactan con la empresa que está ofreciendo más te orientan, por
ejemplo, para este tipo de trabajo se requiere esto, te dan cursos de
conocimiento y capacitación y hacen de agencia de colocación de empleo en el
sector privado. Si eso en la
Argentina se hiciera
masivamente reduciría los niveles de desocupación. Se trata de apuntar a la
orientación y el vínculo entre los que buscan trabajo y los que ofrecen
posibilidades.
Hoy se ha avanzado, hay más
capacitación laboral y hay incentivos a las empresas en términos de reducción
de parte de los impuestos. Pero no se ha avanzado tanto en la intermediación
activa, en la búsqueda de vínculos entre los que buscan y los que ofrecen
empleo. Parte de eso lo hace el propio
sector privado, las consultoras, las agencias de colocación de personal pero
esencialmente lo masivo lo tendría que hacer el Estado.
Esta es una parte del tema del trabajo.
La otra parte está vinculada a los microcréditos y los emprendimientos
laborales de las personas que están buscando generar su propia actividad productiva.
Ahí claramente han habido avances con el sistema de microcréditos, con la Ley
de Microcréditos. Sin embargo un gran
desafío en este tema es masificar el crédito a tasa baja para los sectores más
pobres. Masificar es generar mecanismos rápidos para transferir dinero a las cuatro
millones de personas que necesitan trabajo, que requieren máquinas y
herramientas.
En cualquiera de estas cinco políticas
públicas que estamos desarrollando vamos vemos que la Argentina ha dado un
salto y esta un escalón más arriba: en lo alimentario es claro que se ha
ampliado la cobertura, falta el segundo escalón más difícil que es la calidad
alimentaria, y acá, de la misma manera, el tema de microcréditos o
emprendimientos productivos es claro que hay mucho más de lo que había, pero es
necesario que se masifique y se logren sistemas de entrada más sencillos.
(III)
Sistema de seguridad social. El tercer eje de
políticas sociales tiene que ver con el sistema previsional. Si bien en
Argentina se ha avanzado en el sistema formal/informal, el modelo normativo
nacional sigue reproduciendo las asimetrías laborales en la jubilación.
Hubo grandes cambios con las pensiones
no contributivas, los mayores de 70 años, los niños con discapacidad; también
con las pensiones anticipadas y en este sentido también podemos decir que la
AUH también modificó la estructura de pensión en la Argentina.
Las transformaciones en el sistema de
seguridad social achataron la pirámide, es decir hoy hay más personas que
cobran la mínima, más gente cobrando más y a la vez se redujo la brecha con aquellos
que han contribuido en su vida laboral.
De esta manera, se constituye en un
sistema que camina hacia la universalidad, equiparando derechos. Pero si bien
estos elementos son positivos en el corto y mediano plazo, existe la duda
respecto de la sustentabilidad del mismo en el futuro.
(IV)
Violencia doméstica. El cuarto punto
refiere a un tema que ha aparecido fuerte en los últimos tiempos y tiene que
ver con los fenómenos de violencia en el
hogar, es decir, la violencia que tiene como víctimas mayormente a niños,
niñas y mujeres.
En este tema ha habido políticas
públicas importantes en lo que refiere a la definición y construcción de los
lugares donde las personas afectadas pueden hacer las denuncias, calificando a
su vez al personal a cargo de las mismas para que sepan cómo tomarlas y cómo
atender a las personas afectadas.
Sin embargo, esto aún no se ha
correspondido con políticas públicas que reduzcan los casos de violencia. Yo
creo que tiene que ver en parte esto con problemáticas de vida cotidiana por un
lado, pero también hay un desafío.
El Estado Argentino tiene buenas
políticas sociales para varios y diversos aspectos pero aún no ha logrado
entrar en los hogares de las personas,
es decir que logre modificar la cuestión cultural de comprender la violencia
familiar como un asunto privado, cuando en realidad es una cuestión pública.
(V) Jóvenes.
El quinto tema que
entiendo de gran relevancia en el marco del análisis de las políticas sociales es
el de los adolescentes y jóvenes, comenzando por la
situación de las 900.000 personas de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. La
transformación de esta realidad es clave no sólo para cumplir con sus derechos,
sino también para definir qué país queremos para los próximos 20 años. Es por
esto que me detendré con mayor detalle en este punto.
La atención
específica y adecuada destinada a ellos es una deuda pendiente en la mayoría de
los países del mundo, sobre todo en los más pobres y con mayores índices de
desigualdad. Cómo hacer para que aquellos que están fuera del sistema puedan
revertir su realidad actual y construir mejores futuros, representa un gran
desafío técnico y político.
Cuando hablamos de
jóvenes que no estudian ni trabajan nos referimos a chicos y chicas que, en
plena edad de desarrollo no hacen nada, o que entran y salen del trabajo y de
la escuela con mucha frecuencia, es decir, que no logran sostenerse en el
sistema laboral ni en el sistema educativo.
Si miramos de cerca
el problema vinculado a la inclusión en el sistema laboral, advertimos algo complejo de modificar por su
raíz cultural: los chicos no tienen problemas para aprender la tarea en sí
misma sino con la rutina del mundo del trabajo, es decir, con la continuidad de
la tarea en el tiempo. El problema de los jóvenes pobres no es entender cómo
hacer un trabajo, sino el hecho de ir a trabajar todos los días 8 horas. Para
entenderlo y diseñar las estrategias adecuadas para cambiarlo es necesario
ubicar esta problemática en el contexto histórico y recordar que muchos de
estos jóvenes no han visto ni a sus padres o madres, ni a su abuelo trabajar
.
En el mismo sentido
es necesaria una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la
escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores
productivos estratégicos, como lo hemos mencionado en otro capítulo, respecto
de la necesidad de poner en marcha un cambio sustantivo en las escuelas
secundarias.
El hacinamiento y las adicciones son
otros dos graves problemas vinculados a esta realidad: el ciclo que suele
repetirse en los grandes centros urbanos es el de un chico que comienza estando
hacinado en su casa, se va a la esquina porque hay más lugar y mejores
condiciones, ahí empieza a consumir porque todos lo hacen y luego comienza a
endeudarse. Y en ese momento es cuando muchas veces se le acerca una persona a
ofrecerle alguna alternativa ilegal para cancelar su deuda. Este ciclo, ocurre
de diversas maneras en los Grandes Centros Urbanos en nuestro país. Esta es la
realidad en la que muchos jóvenes son víctimas y que se completa con la
estigmatización por parte de gran parte de la sociedad, muchas veces alimentada
por los medios de comunicación, identificando a
éstos jóvenes como los culpables de la inseguridad.
Es preciso trabajar
desde diversos ángulos para romper con la falsa creencia, instalada
socialmente, que el problema de la inseguridad tiene que ver con los jóvenes.
Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tiene quince millones de habitantes,
de los cuales sólo hay 600 chicos privados de libertad por cometer delitos
graves y mil setecientos por cometer delitos leves. Esto quiere decir que el
problema de la inseguridad tiene que ver con otros factores como la
desigualdad, principalmente, pero también
con las Fuerzas de Seguridad, las redes delictivas y de narcotráfico.
Los
jóvenes y el delito
Siguiendo este
enfoque y línea de análisis sobre la realidad de los jóvenes pobres, podríamos
preguntarnos si alcanza con cambiar una ley o exclusivamente bridar educación y
un sistema de formación de calidad; si solamente con prevención se resuelve el
problema; si los jóvenes que cometen delitos son sólo víctimas de un sistema
que los excluye y que nada es posible para cambiarlo. Por supuesto que no. Hay
mucho trabajo por hacer con y para los jóvenes infractores. Y la complejidad de
este escenario amerita evitar tanto las frases hechas como la reducción de la
discusión a la edad de imputabilidad de las personas que cometen delitos.
Para diseñar las
políticas necesarias con el objetivo de modificar la realidad de estos
adolescentes y jóvenes es preciso tener una mirada integral, que evite todo
reduccionismo posible.
Las estadísticas
dan cuenta que los jóvenes que cometen delitos no son en absoluto la mayoría en
el mundo de la delincuencia. Suponer que los chicos son los que cometen más
delitos no se corresponde con ningún dato de la realidad, sino con una
sensación construida en gran parte por la infinita reproducción mediática de
algunos casos muy dolorosos protagonizados por jóvenes.
Es por ello la
imperiosa necesidad de instalar un sistema de justicia especialmente diseñado
que reconozca y amplíe las garantías del debido proceso y estipule las medidas
y sanciones adecuadas para los jóvenes, promocionando su reintegración social y
asumiendo una función constructiva en la sociedad. Avanzar en la construcción de centros o
institutos, con escuelas, capacitación laboral, con máquinas y herramientas que
puedan llevarse para trabajar luego, permitirá que la reinserción deje de ser
una palabra vacía. En los grandes centros urbanos del país muchos Institutos se
encuentran colapsados, usando las aulas como una celda porque no hay otro
lugar. En muchas ocasiones, el hacinamiento que viven los chicos afuera, se
reproduce de diversa manera en los institutos.
Esta justicia
especializada debe dejar atrás la idea instalada que los chicos cuando comenten
un delito “entran por una puerta y salen por la otra”, sin embargo, será
importante respetar las normas constitucionales y toda vez que sea posible, la
privación de la libertad debe ser evitada y extendida por el menor tiempo
posible. Para un adolescente en plena evolución intelectual, emocional y moral,
el encierro debe ser entendido como una medida de último recurso y sólo para
delitos muy graves. Y cuando esto sucede y los jóvenes son alojados en
instituciones debe ser con el objetivo de lograr una inserción social positiva,
que corte con el circuito que los llevó a cometer el delito.
La justicia penal
juvenil en Argentina debe cumplir al menos cuatro funciones: administrar
justicia de forma democrática; fomentar que el joven asuma su responsabilidad
sobre el delito cometido; promover su integración social favoreciendo la
participación de la comunidad en ese proceso; ofrecer una diversidad de medidas
socio-educativas para que la sanción penal no se trasforme en un obstáculo,
sino más bien en un camino para la construcción de un futuro alejado de la
delincuencia.
Hoy no podemos
hacer programas pilotos, sino aplicar políticas masivas y para todos. No sirven
los programas aislados porque es un problema de mayorías que se resuelve con
planes de gran escala, con una política en la que estén involucrados todos los
sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional. Para acompañar
a los y las jóvenes es necesario la generación de un gran acuerdo social y la
creación de un plan masivo centrado en la inclusión de los jóvenes que contenga
además de aquello que ya existe (programas de becas y apoyo económico para los
jóvenes), una red de tutores creíbles para los jóvenes.
Esto es muy
importante porque se fundamenta en la cultura y el modo de vinculación propio
de los jóvenes: ellos y ellas sólo creen en los que ven cotidianamente y
respetan no tanto a las instituciones como a algunas personas específicas en
las que saben que pueden confiar, por ejemplo, una maestra abierta y accesible,
un pibe del barrio, un referente vecinal, un técnico de club de barrio. Se
trata de potenciar una red de tutores para los jóvenes que puedan ayudarlos a
sostenerse en su tarea laboral o en la escuela. Y en este punto es esencial el
rol de las organizaciones sociales, que tienen legitimidad entre los propios
chicos por su trabajo en los barrios.
La tarea que
tenemos la sociedad en general, pero la política en particular no debe ser señalar con el dedo a los chicos
que han cometido un delito, ni echarles la culpa de la inseguridad, sino
brindarles oportunidades reales para que puedan terminar la escuela primaria y
secundaria y consigan un trabajo decente. Este es un problema social cuya
solución dará cuenta del país que queremos construir para los próximos años.
Notas
de Opinión en medios de comunicación
Capítulo 5
- Nota
publicada en el diario La Nación, el Sábado 19 de noviembre de 2011
LA AGENDA DE LOS DESAFÍOS
SOCIALES
Por
Daniel Arroyo
El informe sobre la
situación social del área metropolitana de Buenos Aires, realizado por Cáritas
y la Universidad Católica, muestra con claridad cómo, a pesar de que se han
logrado avances importantes en lo social en los últimos años, nos encontramos
frente a varios desafíos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres
en la Argentina.
Se puede decir que
estamos frente a siete problemas principales.
La pobreza
estructural, que representa a más del 10% de la población que no cubre las
necesidades mínimas y carece de servicios básicos.
La informalidad
laboral, con más de una tercera parte de la población con trabajo no registrado
o con actividades por cuenta propia en situación precaria.
La desigualdad, que
marca aún una diferencia de 22 a 1 entre los más ricos y los más pobres.
La situación de los
jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan, que, más allá del debate
acerca de cuántos son, sin dudas es el grupo social más crítico de la
Argentina.
Los problemas de
hacinamiento en los grandes centros urbanos en los que está radicada la mayor
parte de la población, y en donde conviven la pobreza y la violencia.
Las dificultades en
el acceso a la atención primaria de la salud, en particular en los centros
menos poblados.
Las diferencias en
la calidad educativa, especialmente en la escuela secundaria.
En este contexto,
la extensión de la Asignación Universal por Hijo ha sido muy positiva, porque
rompe con un esquema muy desigual, en el que cobraban ese derecho sólo quienes
tenían trabajo formal y marca un nuevo piso de arranque para gran parte de la
población.
En lo referido a la
inclusión de los jóvenes, parece encontrarse uno de los desafíos más complejos.
Cuando se habla de jóvenes que no estudian ni trabajan, son jóvenes que
directamente no hacen nada o que entran y salen del trabajo y de la escuela con
mucha frecuencia: no logran sostenerse ni en el sistema laboral ni en el
sistema educativo.
El problema de los
jóvenes en lo laboral no se vincula con el aprendizaje de la tarea, sino con
darle continuidad a ésta. El desafío entre los jóvenes pobres no es entender
qué hay que hacer en el trabajo, sino ir a trabajar ocho horas todos los días,
en un esquema en el que muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo
trabajar.
El desarrollo
productivo y el microcrédito son también esenciales para ver cómo se puede dar
un salto de las experiencias a una escala que cubra a los casi cuatro millones
de cuentapropistas que trabajan con tecnología retrasada en el país y que son
pobres porque no alcanzan los ingresos mínimos.
La pobreza en la
Argentina también está muy vinculada a la tecnología inadecuada: un carpintero
que no accede a una sierra circular y que, por lo tanto, no hace muebles a
medida y pierde oportunidades de mercado, o un mecánico de autos que, como
nadie le da crédito para una computadora, no atiende los autos con motores a
inyección. Lo mismo sucede con una señora que cose ropa en su casa y que, por
falta de mejores máquinas, no logra romper el círculo de la pobreza.
Por estos aspectos
pasa la agenda social de la Argentina, un país que tiene todo: recursos
naturales, personas capacitadas, territorio, una sociedad relativamente
integrada y mucho porvenir. En función de lo que hagamos en los años que
siguen, y de la posibilidad de encarar políticas de segunda generación, vamos a
poder construir una sociedad más inclusiva. El contexto internacional, más allá
de los vaivenes, parece darnos una nueva oportunidad que no tenemos que
desaprovechar.
- Nota
publicada en el diario Tiempo Argentino, el domingo 11 de diciembre de 2011
LOS CUATRO EJES DE LA
POLÍTICA SOCIAL DE CARA AL FUTURO
Por
Daniel Arroyo
Hay cuatro temas
fundamentales en política social de cara al futuro. El primero es la vivienda;
no sólo en términos cuantitativos, también por las problemáticas de los
asentamientos y la toma de tierras, problemas que se van a extender en el
tiempo.
El segundo son los
jóvenes que no estudian ni trabajan. En el país suman 900 mil.
El tercero tiene que
ver con los microcréditos. Tenemos 4 millones de personas que trabajan,
cuentapropistas, gasistas, plomeros, emprendedores, que por falta de acceso al
crédito no renuevan máquinas.
El cuarto asunto es
el problema de la informalidad económica. Todavía tenemos un 35% de gente que
trabaja y que no tiene recibo de sueldo. El tema es formalizar el mundo del
trabajo, avanzar con la legislación laboral y sobre todo con el acompañamiento
a la gente que trabaja de manera precaria.
En el caso del
primer eje, vamos hacia la creación de un banco social de tierras,
administración de las tierras fiscales y extensión de planes de viviendas. Se
han construido 500 mil viviendas y hay que ir a 2 millones más.
Para el segundo
punto hay que armar todo un plan masivo con una red de 20 mil tutores que
acompañen a los jóvenes que tienen dificultades para sostenerse. Además, hay
que aplicar un incentivo fiscal para las empresas que den el primer empleo
joven.
En lo que tiene que
ver con microcréditos, hay que extender el sistema a través de la banca
pública, del Ministerio de Desarrollo Social y las áreas sociales. El Estado
tiene que subsidiar tasa y llegar a 4 millones de personas con este tipo de
financiamiento.
Y en lo que tiene
que ver con informalidad laboral se debe avanzar con el registro y acompañar en
el primer empleo; hay mucha gente que no logra entrar por primera vez en el
mercado laboral y se impone agilizar los mecanismos para salir de esa
situación.
- Nota
publicada en el diario Página 12, el sábado 28 de marzo de 2009
Hagamos bien lo
que tenemos que hacer
Por Daniel Arroyo
De chico era un
entusiasta jugador de fútbol del club Luz y Fuerza de Castelar. Corría todas
las pelotas y trataba de participar de todas las jugadas. El técnico
permanentemente me decía: “Concentrate en lo tuyo, marcá la punta, hacé bien lo
que tenés que hacer”.Buen consejo para un momento complicado del mundo y de nuestro país. Todos parecemos tener más capacidad para mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Nos tiramos misiles unos a otros acerca de quién tiene la culpa de la inseguridad, a quién le faltan más recursos y dónde está el responsable de que las cosas no funcionen.
Tenemos también ideas fantasiosas: suponemos que los institutos de menores son como talleres mecánicos donde uno lleva un auto que está roto y sale arreglado, sin tener en cuenta que el contexto en el que vive el chico no se altera antes ni después. Esperamos que la escuela les pongan las reglas y los límites a nuestros hijos que nosotros no sabemos cómo poner.
Buscamos identificar con un rótulo a aquello que nos genera insatisfacción en la vida cotidiana. El problema son los políticos o los sindicatos, la policía, los jueces, los pibes chorros o el que a cada uno le venga bien para no reflexionar sobre qué hace para que esto ande un poco mejor. No se trata de no cuestionar lo que evidentemente anda mal, se trata de ponerle pilas a lo que cada uno hace para que funcione mejor.
Ejemplos tenemos para todos lados: policías buenos y también policías que cometen ilícitos; maestras que se quedan sin voz para enseñar a jóvenes que están absolutamente dispersos y otras que tratan de zafar como pueden. Jueces que se comprometen con las víctimas y las acompañan por pura humanidad, y otros a los que hay que llamarlos 500 veces al teléfono para encontrarlos en su despacho. Funcionarios que hacen su trabajo con liviandad y otros que le ponen el cuerpo silenciosamente a la tarea de mover un Estado muy difícil de mover. Lo mismo se podría decir de médicos, albañiles, carpinteros y de todos nosotros.
El asunto no parece ir por ver qué ejemplos nos quitan más las culpas (ya que los hay de todas las formas y colores) sino en concentrarnos cada uno en hacer bien lo que tenemos que hacer.
En lo social, esto significa trabajar fundamentalmente sobre la pobreza estructural, la precarización laboral y la creación de oportunidades reales para los jóvenes. Generar políticas masivas orientadas a fortalecer y dar mayores derechos a las familias, que les garanticen un piso mínimo de ciudadanía. Un ejemplo de esto es el Derecho Garantizado para la Niñez que pusimos en marcha en el gobierno de Scioli y que tiende a la extensión de las asignaciones familiares a todo hogar donde hay niños menores de 6 años, para que los chicos empiecen un escalón más arriba con el primer derecho del siglo XXI real y concreto.
Otros ejemplos son los programas de microcréditos, las agencias de orientación socioproductivas, las becas para que los jóvenes encaren sus proyectos, etcétera. Tenemos que lograr que todas las cosas funcionen. Que lleguen a cambiar situaciones de desigualdad, que pase algo en serio.
Parece momento para que, cada uno en su ámbito, sigamos los consejos del director técnico de Castelar: “Concentrate en lo tuyo, marcá la punta, hacé bien lo que tenés que hacer”.
Capítulo
6
Los sistema de protección social en América Latina
6.1. El crecimiento económico de
la última década en América Latina
6.2. Los Sistemas de Protección
Social
6.3. Los principales desafíos
6.1. El crecimiento económico de la última
década en América Latina
Hasta el año 2008, la región
de América Latina experimentó un importante crecimiento sostenido, lo que
significó una substancial mejora en sus indicadores sociales. Sin embargo, la
crisis global reciente, por su profundidad y significación económica, política
y comercial, impactó negativamente sobre el contexto económico-social
latinoamericano
que, como el resto del mundo, fue alcanzada a partir de
mediados de 2009 por problemas sin registros similares en las últimas décadas.
Es que la crisis financiera,
inicialmente generada en Estados Unidos, se transfirió a la economía real
cuestionando todas las visiones y teorías sobre los mercados internacionales. Y
si bien hay algunas señales que muestran que la crisis obtuvo un piso y que la
antesala de un crecimiento mundial parece relativamente cercana, los
indicadores todavía son complejos y las secuelas igualmente profundas,
principalmente en la situación social.
Este apartado realiza un
análisis de lo que se hizo en los últimos cinco años en nuestra región, con el
propósito de observar las tendencias generales y particulares de los países latinoamericanos. El foco
estará puesto en los casos de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Panamá y Perú.
Durante la última década, en América Latina se pudo
observar un desarrollo económico sostenido que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), implicó que la tasa
media de crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) real por habitante
pasó del 1.5% (período 1990-2000) al 3.2%
(período 2002-2008). Para el Banco Mundial, entre 2000-2007, también se dio un
incremento importante del PBI real por habitante en toda la región.
No obstante, dicho aumento se podría dividir en tres
grandes grupos: superior a US$ 2.000 (entre los que está Argentina), entre US$
1.000 y US$ 2.000 (en donde podemos encontrar a Brasil) e inferior a US$ 1.000
(entre los que se ubica Perú).
Este crecimiento económico puede atribuirse a cuatro
factores básicos:
En primer
lugar, el aumento del precio de los bienes agroindustriales, como la soja, los
aceites, los combustibles, los petroquímicos, el trigo, el maíz, el acero y
algunos productos industriales derivados de la actividad metalmecánica. Además,
se observa un incremento de la demanda de bienes por parte de las “nuevas
potencias” asiáticas (China e India), grandes compradores de los productos que
exportan los países de la región.
Un segundo punto fue el éxito de este crecimiento económico
se vinculó también a un nuevo manejo macroeconómico que impulsó el consumo y la demanda agregada,
abandonando políticas económicas ortodoxas vinculadas a ajustes o a
limitaciones en la expansión del producto. En este sentido, se promovieron
tipos de cambio reales competitivos que permitieron mejorar la balanza de
pagos, como así también políticas monetarias expansivas, acompañando la oferta
del incremento de bienes.
El
tercer eje se centró en una política de desendeudamiento, llevada adelante hasta el surgimiento de la crisis mencionada
al principio de este apartado, que permitió abandonar paulatinamente el
problema del default en la región, marcó una recomposición en cuentas fiscales
y, por lo tanto, solidez en el mediano plazo. En el caso de Brasil, Argentina y
Uruguay, esta situación significó el desendeudamiento con algunos organismos
multilaterales, en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todos
estos factores económicos, sumado al incremento en los recursos de los planes y
programas sociales –el cuarto punto para destacar-, permitieron importantes
mejoras (por lo menos hasta 2008) en los indicadores de los países
seleccionados en esta investigación.
Tal
vez, como aspecto negativo, se puede observar que, a la par de una etapa de
crecimiento económico sostenido, se produjo un incremento de los precios internos (inflación) en gran
parte de los países latinoamericanos. Probablemente, el aumento de la demanda
de bienes y servicios sin el acompañamiento de un aumento de la oferta sea un
factor relevante a la hora de evaluar el alza de los índices de inflación. Este
proceso es muy importante para los Sistemas de Protección Social porque impacta
de manera notable en los indicadores de pobreza e indigencia, lo que significa
problemas de escala e inclusión social de importantes sectores de la sociedad.
En
cuanto a la magnitud de la pobreza de los países analizados, Argentina y Chile
se encuentran en un primer grupo, con bajos o moderados niveles de pobreza.
Brasil, México y Panamá se ubican en un segundo grupo, de nivel medio bajo. De
todas formas, se trata de sociedades con importantes desigualdades regionales y
entre los diferentes sectores de su población.
El
nivel más alto de pobreza del conjunto de países seleccionados lo tienen Perú,
Colombia y Ecuador, cuyo índice varía entre el 40% y 55% del total poblacional.
Por tanto, la situación allí es realmente crítica: la mitad de las personas no
percibe ingresos que le permitan cubrir sus necesidades primarias.
En
el caso de Brasil conviene destacar que, en esta última década, ha logrado
descender las estimaciones de pobreza. Junto con Bolivia, es el país que tuvo
el mayor descenso de esos indicadores, a razón de tres puntos porcentuales por
año. De todas formas, el problema más grave en Brasil es la desigualdad
persistente en el tiempo. Similar comportamiento es el de México, que se
destaca por los graves problemas de desigualdad y de pobreza rural.
Vale
destacar que la desigualdad, que sigue predominando en la región, se encuentra
estrechamente vinculada a la pobreza al mostrar los patrones de distribución de
ingresos entre los distintos grupos sociales, que se manifiesta
fundamentalmente en la falta de acceso a los servicios básicos, como salud y
educación, y en la exclusión laboral de las personas.
Si
bien, como señalamos en este capítulo, en la última década se corrobora cierta
tendencia a la mejora de la distribución del ingreso, en la mayoría de los
países estudiados aún se trata de una reducción muy poco significativa, que no
modifica los patrones de distribución regional, claramente inequitativos. La
distancia entre las expectativas de consumo en relación con los ingresos reales
de las personas reconfigura las nociones de inclusión y exclusión.
La
informalidad y la precarización de los puestos de trabajo, por otra parte,
imprimen un sesgo importante en la calidad de la inserción laboral de las
personas y afecta particularmente a los sectores pobres. Datos de la CEPAL muestran que la tasa
de desempleo abierta resulta mayor para las personas de entre los 15 y los 29
años y desciende conforme avanza la edad de la población. Asimismo, las mujeres
jóvenes se encuentran en una situación de mayor desventaja aún respecto de los
varones, con tasas de desempleo cercanas al 23% para el tramo entre 15 y 19 años
y del 17% entre 20 y 24 años.
En
relación a los sistemas de políticas sociales, se observa una tendencia general
que muestra que las prioridades de las políticas de Estado pasan por la
asistencia y la seguridad social (50 % de la inversión social) y, en segundo
término, por la educación. En tanto el gasto en salud alcanza un nivel similar
-aunque menor- al de educación, en ciertos casos cercano al 20% del total del
gasto social.
6.2. Los Sistemas de Protección Social
Los Sistemas de Protección Social de los países
latinoamericanos deberían considerarse como políticas de Estado debido a los
altos niveles de exclusión social existentes. Así, el objetivo central de una
política de esas características exige un sentido de integralidad, evitando la dispersión de recursos
y la duplicación de estructuras. El propósito de priorizar una gestión de mayor
impacto en la inclusión social supone un
trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y
gestiones compartidas y especializadas por tipo de prestaciones o beneficiarios
a atender.
Otra
dimensión dentro de la integralidad para los SPS es la territorial. Más allá de
la existencia de países con estructuras institucionales federales o unitarias,
es importante que cada nivel local, provincia o región, actúe en forma
coordinada. Esto significa el reconocimiento de la importancia de los distintos
roles y la institucionalización de un modelo de intervención que introduzca las
especificidades propias de cada provincia y municipio. Supone, entonces,
alcanzar un equilibrio adecuado entre pluralidad, coordinación y cooperación.
En
este marco, y con el objeto de involucrar a todos los actores, se deben
procurar ámbitos de concertación.
Esto permitirá aumentar las sinergias de los diferentes actores para el
desarrollo de políticas, programas y acciones que promuevan o fortalezcan los
SPS. La opción no es crear nuevos espacios asociativos sino fortalecer,
refuncionalizar y apoyar los preexistentes con el propósito de no superponer
formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local, ni
interferir en las formas participativas con las que se encuentran
familiarizados los actores locales y la sociedad civil. (Arroyo, 2006)
También
es necesario elaborar propuestas para desarrollar un SPS que no signifique
acciones acotadas o fraccionadas, sino que produzcan un impacto en términos de inclusión social efectiva de las personas
desde una perspectiva más integral y a largo plazo.
Las
intervenciones a escala (como parece ser la necesidad actual de los principales
países estudiados) requieren flexibilidad y capacidad de adaptación a las
situaciones particulares de cada localidad o región. Los SPS así concebidos
hacen referencia directamente a las necesidades sociales detectadas y demandadas
desde cada lugar. De esta forma, a la vez, se promueve la participación activa
de los actores locales, recuperando las capacidades y potencialidades
instaladas.
En este sentido, la integralidad de las acciones para la
constitución de un SPS se concibe como la forma de gestionar políticas sociales
desde la realidad territorial y bajo una concepción de una real promoción. Por lo tanto, la construcción
de un SPS supone la articulación de políticas de salud,
educación, seguridad social, trabajo, infraestructura y de asistencia social,
mediante las cuales los diferentes países realizan sus trayectorias según sus
características particulares.
En particular, y en relación a las políticas de asistencia social que se
contemplan en este estudio, debemos destacar la importancia de la integralidad
del eje alimentario, el de promoción y protección familiar, el productivo, el
de juventud y el de transferencias de ingresos, ya que impacta directamente en
los sectores más vulnerables.
Las recomendaciones más generales para la construcción
de los SPS ya se han desarrollado en el punto anterior. No obstante, cada país
tiene características muy particulares y las consideraciones deben enumerarse
en función de su categoría y en relación a la capacidad del Estado de conformar
proyectos de política social.
Categoría I.
Autonomía Alta:
A este grupo de países, con recursos económicos
suficientes, capacidad técnica, participación comunitaria y tradición
históricas de políticas sociales, se sugieren las siguientes recomendaciones:
·
Promover la consolidación de sus SPS a través de
diferentes alternativas de tipo institucionales (leyes, reglamentaciones,
etc.), económicas (ampliación de las partidas, financiamiento estratégico,
etc.) y burocráticas (política de recursos humanos). El propósito es que los
SPS puedan fortalecerse institucionalmente, se conciban en el mediano plazo y
no dependan de los gobiernos, sino como políticas de Estado. De cualquier
forma, es importante destacar algunas diferencias entre los países de este
grupo.
·
En el caso de la Argentina , si bien la “Asignación Universal por
Hijo” (AUH) es un avance muy importante, debe procurar que la política se
convierta en ley. Además, terminar de consolidar un sistema integrado de
información, monitoreo y evaluación de los nuevos sectores incluidos, como
punto de partida hacia políticas de reentrenamiento laboral, de fortalecimiento
del eje productivo, de políticas sanitarias y de juventud.
Brasil ha conformado un SPS con importantes recursos y
dispositivos legales y reglamentarios, pero debe ampliar la cantidad de
beneficiarios a su programa principal “Bolsa Familia”. Aun siendo la política
de promoción social más importante de América Latina, todavía quedan excluidos
muchos grupos en condición de vulnerabilidad. En México, el problema central es
el mismo: la cantidad de personas incluidas es considerablemente menor que en
Brasil. En ese sentido, en los próximos años la tarea debe ser alcanzar cierto
grado de pasividad, lo que significaría modificar algunas reglamentaciones que
tienden a la focalización, principalmente en el “Programa Oportunidades”. En
Chile, el SPS tiene una buena cobertura integrada, aunque las transferencias
monetarias deben incrementarse y universalizarse ya que el núcleo duro de la
pobreza tendrá un nuevo “piso” para sus posibilidades de inclusión social.
Categoría II.
Autonomía Media
Este grupo de países tiene la tarea de conformar sus
SPS. Si bien algunos han logrado altos niveles de eficiencia en programas de
protección social, esto sólo funciona como un punto de partida y requiere
plantear, como sitio de llegada, la consolidación real de un SPS. A
continuación se destacan algunas recomendaciones:
·
El conjunto de estos países pudieron generar programas
de protección social a partir de un eje en particular. Para alcanzar la
conformación del SPS cada uno de ellos puede realizar diferentes recorridos
debido a sus propias características. No obstante, el desafío es profundizar el
camino ya establecido a partir de un programa en particular: alimentario, de
transferencia de ingresos, productivo, familiar o vinculado a los jóvenes.
·
En el caso de Colombia, la política social tiende a
ser masiva, llegando a 1,5 millón de familias, pero es excluida gran parte de
la población rural o cercana a las zonas de conflicto armado. Los programas
dependientes del Ministerio de Protección Social aún no han conformado un SPS,
ya que la prioridad es la seguridad ciudadana y el combate a la pobreza.
Panamá, con una corta tradición en la existencia de SPS,
comenzó en 2005 a
abordar la problemática social desde el eje de seguridad alimentaria con el “Plan de Seguridad Alimentaria
y Nutricional”. Sin embargo, todavía está en los inicios. Si bien su nivel de
gasto social es importante, requiere de políticas productivas, de transferencia
de ingresos y de juventud, como así también avanzar en la conformación de
burocracias estatales acordes con la problemática.
Costa Rica tiene una larga trayectoria de políticas
sociales inclusivas, recursos considerables y, dentro de los tres países de
este grupo, es el que mejor se encamina hacia un SPS. Sin embargo, no ha
desarrollado burocracias eficientes ni se consolidó la universalidad e
integralidad, ya que sólo prioriza el eje alimentario acorde con los problemas
sociales existentes. Una iniciativa a considerar sería universalizar el “Plan
de Intervención Familiar” y orientarlo hacia perspectivas más integrales.
Categoría III.
Autonomía Baja
Estos países se encuentran más alejados en su
trayectoria hacia la conformación de un SPS. El camino recomendado
establecería, en primer lugar, desarrollar programas de protección social y
luego SPS. En este sentido, se sugieren las siguientes líneas de acción:
·
Realizar diagnósticos previos para dilucidar cuáles
son las problemáticas más urgentes y, a partir de allí, proponer un programa
nacional integral, identificando la institucionalidad, los recursos y los
actores necesarios para ello. En el caso de los dos países de este grupo
–Ecuador y Perú- esta etapa está en curso, aunque aún no se verifica una
efectiva conformación de las burocracias ni se cuenta con los recursos
necesarios para su sostenimiento.
·
En el caso de Ecuador, además de que los recursos son
muy escasos, hay pocas agencias estatales con tradición histórica y actores
eficientes involucrados en la política social. La creación del Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social y la existencia de ciertos derechos en la Constitución plantean
un primer paso que debe ser completado con un programa integral a mediano plazo.
Podría ser el caso del eje alimentario, en particular en la población indígena
que representa el 80% de los habitantes del país.
Si bien tiene una mayor tradición que Ecuador en
materia de protección social, en Perú la política de lucha contra la pobreza es
precaria y sus acciones muy fragmentadas. Se observa una baja inversión social
desde hace varios años, especialmente orientada al eje alimentario y, sólo en
parte, al productivo. El país debería universalizar la seguridad alimentaria,
reorientarla y profundizarla a través de políticas de transversalidad en las
acciones de transferencia.
6.3. Los principales desafíos
A partir de estas
ideas y de la base que encontramos en el presente análisis estamos, por un
lado, frente al cierre de un ciclo de políticas sociales y, por otro, ante al
debate sobre cómo debemos continuar. Para ello, proponemos a continuación seis
ideas en torno a cuál podría ser el rol o la estrategia a desarrollar por los
organismos para incidir en la evolución de la situación social de los próximos
años.
1.
A
mediano y largo plazo, las políticas sociales van a estar hegemonizadas por su
relación con la inclusión de los jóvenes, la problemática en torno a su
inserción, y a los ejes de seguridad, trabajo y educación.
2.
Los
grandes centros urbanos son un espacio absolutamente diferente al resto y
conforman un problema particular para las políticas sociales. Es allí donde se
concentra la gran mayoría de los pobres de América Latina. Establecer miradas
específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención
social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de
trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política
social.
3.
El
núcleo del problema está en la desigualdad en la medida en que los procesos
desarrollados han achicado la pobreza pero no redujeron de manera significativa
la brecha entre los más ricos y los más pobres. Este fenómeno es fuente de
tensión y de violencia en la medida que genera privación relativa (brecha entre
las expectativas de consumo y los ingresos reales). Es por ello que hacen falta
instrumentos económicos para modificar dicha situación, más allá de políticas
universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera
necesario incorporar en estos países propuestas más estructurales en lo
referido a la política económica vinculada con procesos de reforma impositiva y
análisis en torno a los sistemas tributarios.
4.
Resulta
necesario una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales,
que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las
necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales.
El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la
política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en
Chile o algunos mecanismos descentralizados de Brasil o Argentina.
5.
El
microcrédito es claramente una política de reducción de la pobreza para estos
países en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente
capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el
proceso productivo. El crecimiento económico podría impactar sobre estos países
en los próximos años y dar así una oportunidad para poner en marcha políticas
de este estilo en escala y muy masivas.
6.
Los
últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los
esquemas participativos y no se han podido consolidar mecanismos
institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil.
Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y, con la necesidad de
descentralizar fondos de estados nacionales que concentran recursos en exceso,
reaparece la importancia de promover instancias locales de participación comunitaria.
En las dos
últimas décadas, el desarrollo de América Latina, en el marco de la
globalización y de los cambios que produce la economía mundial, está muy
asociado al fortalecimiento institucional de organismos como el MERCOSUR, el
UNASUR, el ALBA, la Comunidad Andina
de Naciones, entre otras. De su consolidación dependerá la capacidad de
relacionarse y posicionarse frente al resto de los bloques internacionales.
Este
fortalecimiento institucional no es sólo necesario, sino que se convierte en una
meta posible de alcanzar. En el último tiempo, Latinoamérica ha logrado saldar
un déficit histórico vinculado a su escasa capacidad de tomar decisiones y
actuar como un bloque unificado. Tres importantes cambios asociados al actual
momento explican este logro reciente: el primero se vincula con la existencia
de mandatarios presidenciales y actores políticos con una mirada común en
términos de tendencias y procesos políticos latinoamericanos; el segundo se
relaciona con el contexto macroeconómico favorable, basado en la revaluación
que han tenido las materias primas y los alimentos, que se proyecta hacia un
crecimiento sustantivo para los próximos años; y el tercero responde a los
frutos de un proceso de institucionalidad regional que comenzó a fines de la
década del ochenta del siglo pasado.
Con el viento
político y económico a favor, resulta fundamental definir las metas sociales a
nuestras comunidades de naciones. Si bien el eje social de la región ha
comenzado a tener un rol más protagónico, generando fondos y políticas
acordadas entre los países latinoamericanos, el gran desafío es darles mayor
escala a las áreas sociales de los bloques regionales, con la mirada puesta en
el desarrollo y el equilibrio de las asimetrías.
Para ello, será
necesario establecer un conjunto de parámetros sociales para la región. Así
como, por ejemplo, en la
Argentina existen determinadas metas educativas -como la
terminalidad de la secundaria o la cobertura a través de la Asignación Universal
por Hijo-, también será de gran utilidad establecer pisos mínimos a ser
alcanzados por todos los países de la región en relación a vivienda social,
salud, educación y condiciones de trabajo.
Para el
cumplimiento de estos objetivos comunes, es necesario definir un fondo
específico de recursos donde los países más fuertes -Brasil, México, Colombia,
Venezuela y Argentina- tendrán que hacer el mayor esfuerzo para que todos los
habitantes de Latinoamérica efectivamente alcancen un denominador común de
acceso a derechos y ciudadanía.
Notas de Opinión en medios de
comunicación
Capítulo
6
- Nota publicada en el diario LA
NACION, Martes 11 de enero de 2011
SE NECESITAN
REFORMAS SOCIALES
Por Daniel Arroyo
América
latina tuvo un importante crecimiento sostenido en la última década, que posibilitó
una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia en la mayoría de sus
países. Pero si bien hubo un avance relativo de la distribución del ingreso, la
región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el
acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de
la población.
Uno
de los ejes fundamentales de la actual problemática social radica en los
grandes centros urbanos, un mundo absolutamente diferente al resto y donde se
concentra la gran mayoría de los pobres en los países de América latina.
Establecer consideraciones específicas sobre estas realidades, integrando las
dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial,
mercado informal de trabajo y Poder Judicial es una de las tareas pendientes
que tiene la política social. A mediano y largo plazo, el desafío central pasa
por la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que hoy no
parecen tener un horizonte de futuro cierto.
También
resulta necesaria una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas
sociales, que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia
entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias
estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo
para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias
en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o la Argentina.
El
microcrédito es, claramente, una política de reducción de la pobreza para estos
países, en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente
capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el
proceso productivo. El crecimiento económico que se augura para estos países en
los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este
estilo en escala y muy masivas.
Los
últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los
esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos
institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil.
Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de
descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, también
reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación
comunitaria.
Los
niveles de desigualdad vigentes son fuente de tensión y de violencia en la
medida en que crean privación relativa. Es decir, una brecha entre las
expectativas de consumo y los ingresos reales. Hacen falta instrumentos
económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que
puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario
incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política
económica, vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a
los sistemas tributarios en estos países.
Estamos
ante una oportunidad histórica. Sin duda, la recuperación de las economías
latinoamericanas luego de la crisis financiera internacional reciente abre la
posibilidad para poner en marcha políticas que mejoren de forma masiva la
situación social en los países de la región.
Conclusiones
Ideas y caminos
para llegar a una sociedad integrada en el 2020
Luego de una década de crecimiento de
casi el 8% anual, Argentina se encuentra en un ciclo de largo progreso
económico. Durante los próximos años, si la crisis internacional continúa, se
estima que crecerá alrededor de un 5%.
En
este sentido, tendremos un período de 15 años de crecimiento económico, el más
largo de la historia nacional, que nos compromete y nos brinda la posibilidad
de plantear metas claras rumbo al 2020.
En este escenario, los siguientes 10
objetivos son los que Argentina debería alcanzar para consolidarse económica y
socialmente:
1. Resolver el problema de
pobreza estructural.
Que todos los habitantes del país tengan
los servicios básicos: piso de material, acceso a la salud y a la educación.
Para ello, es necesario establecer una fuerte política de inversión en
infraestructura, con recursos permanentes para las áreas sociales y generar
políticas focalizadas en las zonas del NOA, NEA y el conurbano bonaerense.
Eliminar la pobreza extrema, que
actualmente alcanza entre un 10 y 12%, no parece un desafío tan complejo si
tenemos en cuenta el sostenido crecimiento económico y los consecuentes
recursos con que el Estado contará en los próximos años.
2. Reequilibrar
territorialmente el país.
Argentina es un país muy desequilibrado
territorialmente y será necesario reordenarlo con una nueva distribución de
recursos desde la Nación
hacia las provincias, apoyando a las diferentes regiones de manera particular y
específica.
Hay
dos tipos de desequilibrio territorial. Uno vinculado a la concentración de
ciudadanos en un espacio territorial reducido: el conurbano bonaerense. En el
área metropolitana, que representa el 1% del territorio nacional, vive casi la
tercera parte de la población argentina. Esto implica un importante problema
económico para lograr crecimiento y también para generar políticas sociales
buscando mejorar el sector.
El segundo tipo de desequilibrio, tiene
que ver con la necesidad de pautar metas para cada región: poblar la Patagonia;
generar un fondo especial para favorecer el NOA y el NEA; acompañar
determinadas actividades productivas y reequilibrar la relación de Buenos Aires
con el resto del país. Con esto último me refiero no solamente a una nueva ley
de Coparticipación Federal sino al establecimiento de criterios claros para que
las personas se queden en los lugares donde viven, con servicios de salud,
educación y condiciones de trabajo dignas.
3. Establecer un plan
estratégico de desarrollo a partir de las áreas productivas sobre las que
Argentina se va a asentar durante los próximos años.
Es decir, definir si será un país
agroindustrial; más industrial que de producción primaria o un país de
servicios.
Es
claro que hemos avanzado -y superado- la década de los 90, cuando éramos un
país de servicios y actividades financieras, pero hoy seguimos sin un plan de desarrollo
que establezca con claridad el rol que va a tener la minería, la soja, los
recursos naturales, las cadenas productivas, entre otras temas y actividades
que requieren definiciones inmediatas.
Esta definición debe conjugarse no sólo
con un Banco Nacional de Desarrollo, sino también, con un sistema de educación
y un esquema de financiamiento que acompañe y vincule esas actividades.
4. Mejorar la calidad del
mercado laboral.
Esto implica atender el trabajo en negro
e informal, eliminar el trabajo infantil y toda situación de esclavitud.
Asimismo, se deberá generar un mercado de trabajo donde: lo formal sea un punto
clave, la regulación estatal sea un elemento significativo y la masificación
del crédito alcance al mundo del cuentapropismo y la economía social.
En este sentido, si no establecemos un
mercado de trabajo unificado va a ser difícil alcanzar criterios que puedan
achicar las brechas sociales.
5. Resolver el problema de la
educación.
Se han producido grandes avances en
materia de acceso, sin embargo los contenidos en la escuela secundaria y sobre
todo la calidad educativa en general requiere una especial atención.
En los últimos años hubo tres logros
importantes: por un lado, el 6% del PBI destinado a la educación, por el otro
lado, la entrega de netbooks que permite llevar las nuevas tecnologías a las
aulas y, finalmente, la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo
que ha permitido aumentar de manera significativa la retención de alumnos en la
escuela secundaria. De todas maneras,
todavía hacen falta más escuelas secundarias e inversión, como también
equilibrar los niveles de conocimiento, de tecnología e infraestructura entre
la escuela pública y la privada, particularmente en torno a las de alto nivel
de la ciudad de Buenos Aires, del norte del conurbano y de los lugares
acomodados del interior.
Y este es uno de los temas en donde la
desigualdad se evidencian claramente: los chicos que cursan el tercer año en una
escuela privada, por ejemplo, aprenden contenidos diferentes a los de la
escuela pública. Las desigualdades se manifiestan en la infraestructura, la
cantidad de horas de clase y las herramientas a las que acceden los chicos para
estudiar.
Esto se vincula con la actualización de
la escuela técnica pero también con lo estratégico mencionado en el punto 3, es
decir, el desarrollo de una política de educación que atienda determinadas
actividades productivas.
6. Atraer inversiones.
Hay mucho más Estado que mercado, lo
cual es bueno en tanto genera mayor regulación, sobre todo al salir de una
década altamente privatizadora. Pero es claro que en la actualidad faltan
inversiones, capital e inyección de recursos privados para desarrollar
actividades productivas en pequeña, mediana y gran escala.
Hay una ausencia de equilibrio entre
Estado y mercado. Si bien quedó demostrado que “todo al mercado” no tiene
ningún sentido, lo contrario implicaría el subsidio como lógica permanente para
pobres y ricos, produciendo un cierto estancamiento de la creatividad y del
desarrollo económico.
El Estado regulador también implica ser
un promotor de la inversión privada y establecer condiciones de seguridad
jurídica para generar trabajo sobre esa base.
7. Reestructurar el sistema
de salud.
La atención primaria atraviesa una fuerte
dificultad y es que, toda la red de hospitales –que, sin duda, ha mejorado en
los últimos años debido a que se invirtió en infraestructura- está siendo
utilizada por la población como atención primaria y secundaria. Esto implica
que una persona, ante cualquier eventualidad, no va a la salita del barrio
donde vive, sino que se dirige Hospital. Esto provoca una saturación y colapso
en la atención de pacientes.
Hoy nuestro sistema de salud combina
cuatro aspectos que se encuentran desarticulados: la atención primaria y
secundaria (ambas de carácter público), las obras sociales, y las prepagas.
A pesar de la inversión en hospitales,
esta área es la que menos avanzó en la última década. Sucede que la calidad de
acceso a la salud no ha logrado dar un salto como sí lo hicieron otros
sectores. Argentina posee el sistema de cobertura más universal de América
Latina, lo cual redunda en que muchas personas de países limítrofes vengan a
nuestro país para ser atendidos.
8. Profundizar la calidad
institucional, avanzar en la transparencia y solucionar la corrupción.
Desarrollar acciones políticas
transparentes y solucionar las problemáticas vinculadas a la corrupción no es
netamente un problema argentino pero sí es necesario comprender que acá es una
cuestión sustantiva, ya que la creencia generalizada es que "la regla no
es el camino para lograr el objetivo". Y esto da cuenta de una
naturalización de la corrupción, instalada en las prácticas cotidianas.
No está evidenciado si hay más
corrupción en Argentina que en otros países de Latinoamérica pero lo que sí es claro
es la aceptación de la idea que siempre hay “un camino de costado que permite
atajos”.
Si no logramos generar una clase
dirigente que se maneje con el ejemplo va a ser difícil mejorar la calidad institucional,
que es baja en Argentina.
En este sentido, en materia de
corrupción estatal, distinguiría dos tipos. La primera sería donde la
corrupción es posterior a la política pública. Un tipo de Estado que define las
prioridades y que luego, los funcionarios encargados de realizar las compras,
generan sobreprecios. Ese es un Estado donde hay definición técnica de la
política pública y exceso de gasto. Y una segunda modalidad, donde no existe
una definición de la política pública y los negocios definen qué se hace y que
no.
En la Argentina coexisten las
dos situaciones. Y es claro que se haya naturalizada la corrupción en la medida
que la población supone que todos "hacen alguna cosa rara".
9. Atender a las minorías.
Esto es, establecer mejoras para las
comunidades aborígenes, personas con discapacidad, trabajar sobre la violencia
de género y la problemática de la trata de personas.
Es decir, junto con los programas
universales, avanzar en acciones focalizadas en los grupos, en general
minorías, que tienen sus derechos más vulnerados.
10. Mejorar la seguridad.
Avanzar sobre las problemáticas de la inseguridad
es uno de los temas centrales y más complejos de la Argentina , cuyo
desarrollo y tratamiento ha ido instalando una lectura social en el sentido de
la comúnmente llamada “mano dura”.
Existe una mirada sobre este tema que
pone mucho acento en la prevención. Es cierto que la inseguridad no se resuelve
sólo otorgando becas de estudio y generando políticas preventivas. Pero muchas menos
soluciones se encuentran encerrando a todos los chicos.
En Argentina el problema de la
inseguridad está asociado a quienes cometen delitos, a los que tienen que
controlar, es decir, a la propia policía y a la Justicia.
Aquí
no hubo políticas en torno a la inseguridad. Es claro que si no se corta la
relación entre el delito y las fuerzas de seguridad –especialmente en la que se
vincula con la venta de drogas y las redes del narcotráfico- el tema se tornará
irresoluble. Es por ello que urge repensar todo el sistema.
Este es el gran desafío y el gran talón
de Aquiles de Argentina. Si algo deja en deuda esta década es no haber
encontrado una solución a este tema. Se trabajó mucho con slogans, se debatió si “mano dura” sí o no, pero no se resolvió el
tema de fondo.
Si analizamos
los temas que quedaron pendientes u olvidados en las últimas décadas podemos
decir que en los años ochenta el
problema fue no haber avanzado en la economía. La década siguiente, de los
noventa, desatendió absolutamente las cuestiones sociales, mientras que en la
primera década de este siglo no se avanzó con el tema de la seguridad. Y no se
trata de un problema operativo, sino que tiene que ver con la institucionalidad
misma.
ANEXO
ENTREVISTAS
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- Publicada en el diario Tiempo
Argentino, 11 de octubre de 2011
“HAY CHANCES REALES DE ACABAR
LA DÉCADA SIN POBRES NI DESOCUPADOS”
El
ex viceministro de Desarrollo Social asegura que la Argentina tiene la mayor
cobertura de salud, educación y alimentación. Y cree que hay volcar todos los
recursos para atacar la problemática social.
Reconocido
como uno de los mayores especialistas en políticas de desarrollo social, Daniel
Arroyo combina una amplia trayectoria en el mundo académico con una extensa
trayectoria en la administración pública, que alcanzó su punto culminante
cuando ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo Social en los primeros años
de la gestión de Alicia Kirchner.
En
diálogo con Tiempo Argentino, destacó tanto los avances registrados en materia
de protección social desde 2003 como los desafíos que se presentan en el
horizonte.
“Hay
un problema de acceso a la tierra. Creo que hay que crear en la Argentina un
Banco Social de Tierras, ver toda la tierra fiscal que existe, y en función de
eso fijar prioridades”, puntualizó al referirse al déficit habitacional de la
Argentina.
–¿Qué evaluación hace de las
políticas de protección social de los últimos años?
–Desde
2003, el sistema de protección social en la Argentina ha crecido y se ha
modificado mucho. Yo marcaría tres rasgos positivos, no sólo en lo conceptual
sino también en lo práctico. Uno es que la protección social ha tendido a
universalizarse, ya sea por la Asignación Universal por Hijo (AUH), por el
sistema jubilatorio –mediante la jubilación anticipada o mecanismos que
permitieron jubilarse a quienes no habían contribuido– y por una política de
promoción de que los chicos vuelvan a la escuela y permanezcan en el sistema de
salud. Claramente la Argentina, a diferencia de otros países de América Latina,
ha tendido a un aumento de la cobertura. Después está la cuestión de la
infraestructura de vivienda, salud y educación. Aunque hay discusión por la
calidad, es claro que la Argentina ha registrado avances. Hoy el país tiene el
mayor nivel de cobertura de salud, educación y alimentación de América Latina.
Esto significa que la gente tiene un lugar cercano donde dirigirse, no habla de
la calidad.
–¿Qué característica tuvo esa
ampliación de la cobertura?
–Ha
habido una apuesta a la inclusión por el mundo del trabajo. La tendencia en la
Argentina ha sido que la gente consiga trabajo o pueda montar su propia
actividad productiva a través de créditos, microcréditos, pequeños
emprendimientos productivos. Una porción importante del sistema de protección
social apunta a la idea de que conseguir trabajo es un trabajo en sí mismo y
esto el Estado tiene que regularlo y acompañarlo.
–¿Cuáles son los desafíos?
–Una
gran deuda pendiente tiene que ver con integrar a los jóvenes que no estudian
ni trabajan, y un debate futuro es una reducción impositiva para las cadenas
productivas que masivamente incluyen jóvenes. Es decir, cómo hacemos para
incentivar que las empresas incluyan jóvenes y cómo extender los sistemas de
créditos. Hoy tenemos 4 millones de personas que trabajan (gasistas, plomeros,
carpinteros, pequeños emprendedores) que no acceden a créditos por falta de
garantías, entonces se van trabando y no logran dar el salto de calidad.
–Una de las críticas que
plantea la CEPAL es la necesidad de darle mayor institucionalidad a los
instrumentos de protección social…
–En
general, la institucionalidad plantea cómo articular las áreas y sostener el
sistema de protección en el tiempo. Es decir, implica por ejemplo que la AUH se
apruebe por ley. El desafío, en parte, es ese, pero me parece que hay uno
previo que es la masificación, o sea, extender el sistema de protección social
definitivamente a los que faltan.
–¿Cuál debería ser la agenda
social del próximo gobierno?
–Tenemos
el 10% de la población en la pobreza, un 35% de informalidad, un nivel de
desigualdad que ha bajado muchísimo pero que sigue siendo alto, 900 mil jóvenes
que no estudian ni trabajan y una escuela secundaria que hay que reconvertir.
Tenemos una serie de desafíos que el Estado toma pero que necesitamos
masificar: debemos llegar a 900 mil jóvenes, volcar $ 4000 millones en
microcréditos y extender la infraestructura básica para cubrir la población que
todavía no cubrimos. El desafío es terminar la década sin pobreza y
desocupación. El actual contexto económico y la ampliación de la base de
cobertura nos da posibilidades. Entonces tenemos que volcar recursos
masivamente para darlo vuelta. Los problemas sociales en la Argentina son de
mayoría, no de minoría, y requieren recursos masivos. Enfocando en estos nuevos
temas tenemos chances reales de terminar la década sin pobreza y sin
desocupación. Es muy evidente.
–¿Cómo se puede resolver al
déficit habibitacional?
–Hay
dos cuestiones. Una es la falta de vivienda, donde está claro que hay un
déficit grande. La otra tiene que ver con el problema del hacinamiento, con
viviendas pequeñas donde vive mucha gente. El hacinamiento dispara problemas de
adicciones y dificultades distintas en los barrios. Hay que crear un Banco
Social de Tierras, ver toda la tierra fiscal que existe, y en función de ello
fijar prioridades.
- Publicada en el diario Clarín, el
viernes 24 de diciembre de 2010
Daniel Arroyo: “En el 1% del
territorio, viven 14 millones de habitantes”
Por
Pablo de León
Consultado
sobre la ola de tomas, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo
que para los sectores pobres el problema es el hacinamiento y destacó que el
aumento de los alquileres generó una tensión que se expresó en las ocupaciones.
La
crisis que evidenció la ocupación del Parque Indoamericano y las tomas de
terrenos en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires y conurbano
bonaerense, generó intensos debates en el terreno político pero careció de
perspectiva y análisis, con fundamento y conocimiento de las problemáticas
existentes.
Daniel
Arroyo posee vasta experiencia de trabajo en el área social, un paso como
ministro de Desarrollo Social bonaerense y también como vice ministro a nivel
nacional.
Arroyo
analizó, en diálogo con Clarín.com, los problemas fundamentales que desnudó la
crisis de las tomas y ocupaciones. Según
el ex funcionario, en la Argentina hay un primer problema básico: “En el uno
por ciento de todo el país vive 14 millones de habitantes, entre el conurbano
bonaerense y la ciudad de Buenos Aires”. Esto origina que “más del 30% de la
gente viviendo en el uno por ciento del espacio físico”.
El
experto en temas sociales consideró que en Argentina, la migración se mantiene
constante en el interior del país. Y repasó que “en los años ‘40 y ‘50 la gente
venía a trabajar (hacia la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) en una
industria metalmecánica, una industria; hoy viene porque tiene cerca una
escuela, un comedor escolar, un centro de atención primaria de la salud”.
El
licenciado Daniel Arroyo indica que los sectores pobres están viviendo en
villas, asentamientos, barrios y básicamente, en situaciones irregulares. Por
eso, estima que hay “dos millones y medio viviendo en el Conurbano, la ciudad
de Buenos Aires”. Por eso, “el núcleo del problema social de los sectores
pobres es el tema del hacinamiento”. Según el ex funcionario, hoy en la ciudad
de Buenos Aires hacen falta 50.000 viviendas, lo que implica “un desfase
grande”.
Algunos
consideran que, a través de una mirada integral, la vivienda y la actividad
productiva es lo mismo para los sectores pobres. Arroyo dice a Clarín.com que
“la casa es el lugar donde ‘laburan’, donde hacen changas”.
Arroyo
plantea que es necesario “el desafío de tomar el tema de las viviendas, la
urbanización de barrios y crear un banco social de tierras para definir una
estrategia nacional”.
También
considera que el tema del costo de los alquileres, que va tanto para los
sectores pobres como para los sectores medios, aportó lo suyo para el conflicto
de la ocupación de predios.
“Pagan
más un alquiler de un dormitorio compartido -entre 800 y 1.000 pesos- en un
asentamiento pues carece de garantías. Paga eso o nada y no le queda otra”,
grafica.
Y
asegura que “el aumento de los alquileres generó una tensión fuerte que terminó
en las tomas. Gran parte de la necesidad se expresó en las tomas, más allá de
punteros y de intereses políticos”, considera Daniel Arroyo.
El
debate es vasto pero sin duda, necesario. Y Arroyo aporta elementos, incluso
para la polémica.
- Publicada en la revista Debate,
sábado 1° de enero de 2011
"HAY QUE CREAR UN BANCO
SOCIAL DE TIERRAS"
Por
Manuel Barrientos
"Tenemos
un problema básico: no está bien que en el uno por ciento del territorio de la
Argentina se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de
disparidad genera muchas complicaciones”, reflexiona Daniel Arroyo acerca de
los recientes conflictos generados por las tomas de tierras en la Ciudad de
Buenos Aires y el conurbano.
Según
el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y
secretario de Políticas Sociales durante la gestión presidencial de Néstor
Kirchner, el “elemento clave” para solucionar la tensión provocada por la falta
de acceso a la vivienda pasa por “la creación de un banco social que
identifique las tierras fiscales en todo el país”. También propone la
intervención del Estado en la regulación del precio de los alquileres en villas
y barrios de emergencia, ya que “hoy se está pagando entre ochocientos y mil
pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen
garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres
deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media”.
¿Por qué hubo una explosión
de las tomas de tierras en Capital Federal y el conurbano en estos últimos
meses?
Hay
algunos problemas estructurales y otras cuestiones específicas ligadas a la
coyuntura. Los estructurales tienen que ver con la falta de vivienda y con la
permanente migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Desde los
años cuarenta y cincuenta en adelante, la migración ha sido constante en el
país. Hoy vive más de un tercio de la población en el uno por ciento del
territorio nacional. Quienes migran buscan tener cerca una escuela, un comedor
comunitario, un centro de atención primario de la salud. El hecho de moverse
hacia lugares tan altamente poblados, permite hacer changas y generarse algún
tipo de ingresos. En el interior, en cambio, hay pocas oportunidades.
¿Y en el caso de los países
limítrofes?
Tiene
el mismo componente racional, pero se agrega el tema de las remesas. Es decir,
alguien viene hacia la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano con el objetivo de
mandar parte del dinero a sus familiares. Es lo mismo que han hecho los
argentinos cuando hubo época de crisis y enviaban dinero desde el exterior al
núcleo familiar que quedaba en el país. En este contexto actual, donde hay
niveles de consumo tan altos y tantas oportunidades de hacer changas, es claro
que hay un buen nivel de remesas para mandar. El hecho estructural es que hay
más gente, pero el ritmo de construcción de viviendas, particularmente en la
Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy desproporcionado con respecto a las
necesidades reales.
¿Cómo califica la política
habitacional de la gestión de Mauricio Macri?
Está
claro que el gobierno de Macri no le ha dado una prioridad importante a la
política habitacional. Seguramente, no se pueden hacer cincuenta mil viviendas
por año, y se podrá discutir cómo y de qué manera habría que construirlas, pero
haber hecho tan pocas, haber construido sólo ochenta viviendas por año, marca
una distancia demasiado grande con la demanda actual.
¿Qué aspectos coyunturales
contribuyeron también para que hubiera tomas?
Se
agrega un fenómeno que se dio con fuerza, especialmente en los últimos meses,
vinculado con el costo de los alquileres. Las personas están pagando entre
ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un
asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de
cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más
altos que los de la clase media. Además, el hogar no es sólo una vivienda sino
que también representa su unidad productiva, su lugar de trabajo. Así que se
les ha hecho muy difícil la vida cotidiana.
¿Qué genera esta situación de
hacinamiento?
El
hecho de no tener un lugar es lo peor que le puede pasar a una persona. En el
caso de los jóvenes, el ciclo es que un pibe está hacinado en la casa, entonces
se va a la esquina, porque ahí hay más lugar, más aire, más luz. Pero en la
esquina empieza a consumir, porque el que no consume es el pibe que está
raleado, que está dejado de lado. El que empieza a consumir, especialmente
paco, tiene un problema de salud, de adicción y de endeudamiento. Cuando tiene
una deuda, aparece un vivo que se le acerca y le propone cualquier idea para
cancelarla. Ese ciclo, en los grandes centros urbanos, es de seis meses. En
general, el hacinamiento genera tensiones muy fuertes en la familia, porque
viven todos dentro de un cuarto, y eso provoca la desesperación por hacerse de
un lugar. Por eso, aparecen las fantasías alentadas por distintos líderes.
¿Qué intervención han tenido
ciertos líderes barriales en este proceso?
Si
bien se percibe en otros niveles dirigenciales de la Argentina, hay una clara
fragmentación de los liderazgos en las villas y los asentamientos. A diferencia
de las favelas y de otros modelos latinoamericanos donde hay un Estado dentro
del Estado y alguien que maneja todo lo que sucede en ese territorio -desde el
narcotráfico hasta la salud y la educación-, en el caso argentino hay mucha
fragmentación. Hay punteros de distintos partidos, referentes de diferentes
movimientos sociales, líderes eclesiásticos, un tipo que enseña a jugar al
fútbol… Es decir, hay mucha gente interviniendo que no domina el territorio y
que está vinculada con diferentes áreas del Estado para que les provea
servicios. Esa fragmentación genera un fenómeno de sobreactuación.
¿Qué provoca esa
sobreactuación a la que se refiere?
Hay
alguien que promueve una toma en un lugar con el objetivo de establecer un
nuevo piso en los reclamos, la idea es “tomamos este predio y empezamos a
discutir de otra manera”. Como un puntero determinado lo hace, los otros
también se suman y sobreactúan para no perder espacio en la consideración de
los vecinos.
¿Cuál es su mirada sobre
aquellos análisis que sostienen que hay una creciente “favelización” de los
grandes centros urbanos de la Argentina?
Si
se entiende por favelización el aumento de la cantidad de gente que vive en
villas y asentamientos, la tendencia, sin duda, ha sido creciente en las
últimas décadas. Entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, hoy, casi dos
millones y medio de personas viven en condiciones precarias. Pero si se
entiende la favelización como un Estado dentro del Estado, con líderes que
prestan servicios por fuera del Estado, claramente no ocurre esto en la
Argentina. El Estado es el gran prestador de educación, salud y otros tipos de
apoyos y servicios.
¿Qué medidas habría que
impulsar para encarar la falta de acceso a la vivienda?
Aquí
hay un problema básico: como dije, no está bien que en el uno por ciento del
territorio nacional se concentre más del treinta por ciento de su población.
Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones. Las economías regionales
han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por eso, habría que
acelerar la construcción de redes de salud y educación, porque si no la gente
va a seguir migrando. También creo que llegó el momento de pensar algún tipo de
incentivo fiscal para ciertas actividades productivas que se instalen en
determinadas regiones del país. Pero el elemento clave es armar un banco social
de tierras.
¿Cómo funcionaría ese banco
de tierras?
En
primer lugar, habría que identificar todas las tierras fiscales que hay en la
Argentina, que tienen que ver con los ferrocarriles o con empresas abandonadas
que quedaron en manos del Estado. Después, habría que implementar programas de
urbanización y de construcción de viviendas. Además de las dificultades de
acceso a la vivienda, hay un problema de falta de horizonte, porque no hay un
mecanismo claro de cómo uno accede a la vivienda. En cambio, sí queda claro que
hay un banco social de tierras y se establecen los mecanismos de construcción
de viviendas, la gente va a ir empezando a migrar hacia esas ciudades del
interior.
¿Qué rol debería tener el
Estado en relación con los altos precios de los alquileres?
En
la Argentina hay un problema de informalidad económica, hay mucha gente que
trabaja y que no tiene boleta de salario ni aportes jubilatorios ni garantías
para alquilar o acceder a un crédito. Hay que pensar un rol para el Estado en
la regulación de los alquileres en los barrios de emergencia, las villas y los
asentamientos. No me refiero a una regulación general, porque es una cuestión
muy compleja, pero no es posible que se estén pagando montos de ochocientos o
mil pesos por dormitorios tan pequeños. El Estado debería tener algún rol a
través de apoyos o subsidios. Más allá de que se encare o no una política
habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, habría que tener una política
intermedia, y creo que va por ese lado.
¿Qué mecanismos tendría que
tener esa regulación?
Habría
que establecer cómo es el actual sistema de alquileres en barrios de emergencia,
villas y asentamientos, a quién se está alquilando y cómo se está alquilando.
Habría que establecer que parte de los subsidios y apoyos que brinda el Estado
se redireccionen a solucionar este fenómeno. También habría que trabajar con
quienes alquilan, y establecer algún tipo de pautas y protocolos, porque hoy no
hay ningún tipo de lógica. Está claro que si hubiera un descenso del monto de
los alquileres, bajaría parte de la tensión social y habría menos tomas de
terrenos en los grandes centros urbanos.
¿Por qué también propone la
intervención del Mercosur?
El
Mercosur debería tener un peso fuerte en políticas de inclusión en los próximos
años. No hay que pensar el Mercosur sólo en términos aduaneros, arancelarios o
de control de los niveles de producción en un país o en otro, sino que hay que
generar un gran fondo para la construcción de infraestructura básica de salud y
educación en los países de la región con menor nivel de desarrollo, en el que
los que deberían aportar más, sin duda, serían Brasil y la Argentina.
¿Qué obstáculos y
oportunidades observa para la implementación de estas propuestas?
Tenemos
una oportunidad increíble, la economía argentina creció de forma consecutiva
durante una década y vamos por varios años más de crecimiento. Es muy distinto
lo que se puede hacer en políticas sociales en un contexto de expansión de la
economía que en otro de recesión. Desde 2003, venimos de una década ganada en
el área social y tenemos una gran oportunidad para encarar programas masivos,
para crear un gran banco social de tierras y extender la construcción de
viviendas, para bajar los niveles de informalidad económica y la problemática
del acceso al crédito. Deberíamos acelerar y crear planes muy masivos que
vuelquen recursos en estas problemáticas sociales. En los próximos cinco o seis
años podemos dar vuelta la situación social del país.
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Ministerio de Planificación. En: http://www.mideplan.cl
Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En http://www.trabajo.gov.ar
(…)
[1] La
creación de SUTEBA se realizó el 31 de agosto de 1986.
[2] Para
comprender las claves de esa transferencia hacia la sociedad civil de las
acciones estatales, recomiendo leer LUNA, Elba, La representación en Argentina y el fortalecimiento de la sociedad
civil, Banco Interamericano de Desarrollo, marzo de 1995.
[3] FORNI,
Floreal, Organizaciones económicas
populares, CEIL-SCC, Buenos Aires, 1993.
[4] Para
ampliar las diferentes modalidades de categorización de las organizaciones no
gubernamentales, ver FILMUS, Daniel; ARROYO, Daniel; ESTEBANEZ, María Elina, El perfil de las ONGs en la Argentina , FLACSO –
BANCO MUNDIAL, Buenos Aires, 1997.
[5] Estas
ideas fueron plasmadas en el libro de DI TELLA, Torcuato y KIRCHNER, Néstor, Después del derrumbe: teoría y práctica
política en la Argentina
que viene, Galerna, Buenos Aires, 2003.
[6] Zygmunt
Bauman analiza las características que adquieren las relaciones humanas en los
tiempos contemporáneos en Amor líquido.
Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires, 2005. El sociólogo polaco sostiene: “Al igual que
otros productos, la relación es para consumo inmediato (no requiere una
preparación adicional ni prolongada) y para uso único, sin perjuicios.
Primordial y fundamentalmente, es descartable”. Es decir, no hay ya más
“relaciones” sino, en todo caso, “conexiones”, de fácil y veloz acceso, de
fácil y veloz salida. “La moderna razón líquida ve opresión en los compromisos
duraderos; los vínculos durables despiertan su sospecha de una dependencia
paralizante. Esa razón les niega sus derechos a las ataduras y los lazos, sean
espaciales o temporales”, explica Bauman.
[7] He
trabajado con mayor amplitud este tema en ARROYO, Daniel, Políticas sociales: ideas para un debate necesario, La Crujía , Buenos Aires, 2009.
[8] Con
respecto a la relación entre política y medios de comunicación, recomiendo la
lectura de BOURDIEU, Pierre, Sobre la
televisión, Anagrama, Barcelona, 1997.
[9] Referido,
principalmente, a las tomas del Parque Indoamericano y del Club Albariños,
ambos predios ubicados al sur de la
Ciudad de Buenos Aires, ocurridas en diciembre de 2010.
[10] Esto no
implica la inexistencia de requisitos, ya que en todos los casos se requiere:
documento de identidad, pago de algún servicio o impuesto del hogar,
referencias comerciales y barriales y la evaluación realizada por el promotor
de microcrédito en el lugar de trabajo.
[11] Este Plan
fue implementado en agosto de 2003 y constituye una de las experiencias más
importantes de la política de promoción social lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina.
[12] El Plan Jefes y Jefas de Hogar comenzó a funcionar en los primeros
meses de 2002 como respuesta a la crítica situación socioeconómica que estalló
en diciembre de 2001.
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